Sin castigo ejemplar las leyes no sirven de nada. Hoy en día, se tiene la oportunidad de dignificar la política, pero tal pareciera que la mediocridad, la complicidad y la falta de patriotismo lo impedirán de nueva cuenta para decepción de los mexicanos que todavía creemos que la legalidad es el camino para un mejor país.

Veracruz no es sólo playas y mujeres bonitas, palmeras borrachas de sol, pueblo de políticos, artistas e intelectuales, sino tierra de célebres piratas, de libertarios, mártires y santos, de piratas modernos que desde el gobierno ejercen el poder y, por qué no, hasta de mapaches electorales.

Veracruz es la mala nota nacional. Los mapaches del gobernador Javier Duarte  fueron pillados, grabados, exhibidos, denostados, y evidenciado el cinismo y la rapacidad con que se roban los programas sociales federales para canjearlos por votos, para presionar a los pobres, a los beneficiarios, y sostener al PRI.

Ese episodio sirvió para que el PAN y el PRD apretaran al Presidente Peña Nieto, que le tambalearan el Pacto por México y que lo obligaran a amarrar a sus mapaches. Lo dejaron solo y sólo volvieron a la mesa de la negociación, que es para lo que sirve el pacto, hasta que se blindó Oportunidades, 65 y Más, Seguro Popular, Pisos Firmes, abasto de leche, despensas de Diconsa, programas piscícolas, etc.

Así revivió el Pacto por México, la joya de la corona de Peña Nieto para cristalizar las reformas estructurales. Se reactivó con un addendum que establece reglas para transparentar los programas sociales federales y las sanciones para aquellos servidores públicos y operadores que lucren con ellos, los condicionen o usen la pobreza como palanca electoral.

Posterior a ello, el PRD planteó una iniciativa de ley que considera la separación inmediata del cargo de los servidores públicos que manipulen los programas sociales, incluida toda la cadena de mando en la dependencia, hasta que se determine si el o los funcionarios son culpables.

Todo suena bien, pero el problema no es de leyes sino de aplicación de esas leyes. El problema es de impunidad, de contubernio y complicidad.

No bien se firmaba el addendum entre PAN, PRD, PRI y gobierno de Peña Nieto, cuando surgieron voces que expresaban suspicacia y escepticismo. Ocurrieron, además, hechos que hacen presumir que el robo de elecciones, venga de donde venga, seguirá siendo la carta de identidad de la democracia mexicana.

El mismo día en que se reactivaba el Pacto por México con la firma del addendum, el consejo general del Instituto Federal Electoral se declaraba incompetente para indagar sobre presuntos desvíos de programas sociales en Veracruz.

El debate fue amplio. Cinco de los consejeros se pronunciaron por no dar vista a la unidad de fiscalización de los partidos políticos de los órganos federal y local veracruzano. Quienes estuvieron de acuerdo, pero que perdieron la votación, fueron Benito Nacif, Lorenzo Córdova y Alfredo Figueroa, con un razonamiento sensato: el IFE es competente para atender supuestos desvíos de recursos públicos hacia partidos políticos. Y en este caso, los programas sociales son recursos públicos.

En el IFE se dijeron verdades de peso. Reconocieron que el uso de programas sociales es un mal generalizado que no se ha podido erradicar. Y que esto ocurre en todo el país y que lo hacen todos los partidos. Y que por eso el IFE debía contribuir a erradicarlo.

Pero ocurrió lo de siempre: los mayoritearon. Y así, el IFE, el día en que PAN y PRD reactivaron el Pacto por México, se eximió de entrarle al tema de los mapaches de Javier Duarte y allá los veracruzanos, que le busquen cómo hacerle con los ladrones de elecciones.

Leo Zuckermann, uno de los analistas más serios y respetados, aborda el tema y señala que el asunto del uso de los programas sociales le concierne a todos los partidos, sin distingo. Panistas y perredistas acusan al PRI y el PRI dice que la tentación es pareja y que PAN y PRD hacen lo mismo cuando son gobierno.

En sus buenos tiempos, el viejo PRI solía robarse los programas sociales, desviar sus recursos, traducirlos en votos y asegurarse su permanencia en gobiernos federal, estatales y municipales, Congreso y legislaturas estatales.

Cuando el PAN llegó a la Presidencia de México, implementó medidas para acotar el uso de los programas sociales. En 2004, se promulgó la Ley General de Desarrollo Social, que ha servido de ejemplo para regular programas de combate a la pobreza en otros países. Y supuestamente le amarraban las manos a los partidos políticos.

El problema, dice Zuckermann, es de aplicación de las leyes que ya existen. O sea, es de impunidad.

“Al parecer hay muchos bribones que se pasan la ley por el Arco del Triunfo. Panistas y perredistas argumentan que sobre todo los priistas, mientras que éstos contra-argumentan que son todos los partidos”, dice Zuckermann.

“Si hay violaciones a la ley es porque se puede, es decir, porque no se castiga a los que cometen delitos electorales medrando con la pobreza de la gente. Estamos hablando del típico problema de la impunidad mexicana”, agrega.

Zuckermann coincide con lo que plantea el líder del PRD, Jesús Zambrano: la manipulación de los programas sociales en beneficio de los partidos políticos va a terminar cuando paren en la cárcel los funcionarios públicos y operadores que los utilicen con fines electorales. “Ese día se enviará un mensaje poderoso a todos los tentados a violar la ley”, dice.

Zuckermann cita un fragmento del addendum al Pacto por México: En este sentido, los firmantes del Pacto se comprometieron a “que todos los funcionarios que hayan cometido o que en el futuro cometan delitos electorales sean debidamente sancionados por las autoridades competentes. Para ello, promoveremos, en nuestros respectivos ámbitos de competencia, acciones de las autoridades de procuración de justicia y de control administrativo federales y estatales, que informarán de sus acciones en el marco de las leyes aplicables”.

Habría que ver si Salvador Manzur, Pablo Anaya o el mismo Javier Duarte, después de los escandalosos videos en que aparecen fraguando cómo apoderarse y lucrar con los programas sociales, son procesados y terminan en la cárcel. Sólo así se podría creer en el exterminio de los mapaches.

Sin embargo, el asunto va para todos. El PRI es el más proclive por su origen y su actuar fraudulento, pero lo mismo se ha visto con el PRD en el gobierno del Distrito Federal o con el PAN en gobiernos estatales y alcaldías. La tentación es pareja. La ley y el castigo también debe ser parejo. Pues, hay que decirlo, es un mal generalizado.

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