Salvo el gobernador Javier Duarte de Ochoa y el procurador Felipe Amadeo Flores Espinosa, no hay quien crea en Veracruz que los cuatro electricistas a quienes se les atribuye el crimen del pastor Claudio Martínez Morales sean en realidad los asesinos.

 

Por lo que se ve, es un caso de incomunicación, tortura e incriminación forzada a manos de elementos de la Agencia Veracruzana de Investigación (AVI) para que los cuatro empleados se asuman como los autores materiales del asesinato del líder de la Comunidad de Dios, una de las iglesias cristianas de Coatzacoalcos que mayor auge ha tenido en lo humano y que en lo económico ha resultado un negocio de varios millones de pesos al año.

 

Responsables o no, el problema es que la historia es tan increíble, difícil o imposible de creer, plagada de incongruencias y atestada de sospechas, que lo menos que ha provocado es el recelo de la sociedad y la anticipada condena por lo que ya se ve como un nuevo capítulo de “Presunto Culpable”.

 

Cuando los cuatro implicados —Felipe Vicente Cortés Rodríguez, “El Cachetes”; Roberto Lara Velásquez, Adrián Saldívar Valencia y Jorge Arturo Jara García, alias “El Negro Jara”— desaparecieron, sus familiares se dieron a la tarea de hallarlos. Preguntaron a cuantos pudieron, acudieron a su centro de trabajo —Comisión Federal de Electricidad— y luego lo hicieron en el Mando Único Policial.

 

La primera versión que tuvieron es que cuando menos a uno de ellos lo habían levantado en las cercanías de CFE. La Policía Naval le dijo a los familiares que tenían el reporte de una detención cerca de la paraestatal y que lo tenía la AVI. Acudieron a esa instancia y les negaron la versión.

 

La policía en general no es digna de confianza. Y menos cuando detienen a alguien y lo mantienen oculto. El choque de versiones, lo que decía en Mando Único y las evasivas de la ministerial, motivaron que los familiares tomaran acciones drásticas hasta que los detenidos fueran liberados.

 

Así, salieron a las calles. Protestaron ante el Ministerio Público. Bloquearon los accesos a Coatzacoalcos, con el consabido caos vehicular. Sabían que la presión tendría que generar alguna reacción y máxime que el líder del sindicato de electricistas, presidente del PRI local y futuro regidor municipal, Víctor Andrade López, estaba con ellos y encabezaba los reclamos.

 

Ante la presión de los familiares, la policía ministerial presentó a los cuatro electricistas y los señaló como presuntos asesinos del pastor Claudio Martínez, cuyo crimen, ocurrido el 17 de junio, sacudió a la comunidad religiosa y al pueblo en general por la saña con que se cometió, con más de 30 puñaladas y golpeado arteramente en el interior de dormitorio, mientras su hoy viuda permanecía atada y amordazada en la cocina del hogar, en la exclusiva colonia Petrolera.

 

La versión policíaca se sustenta en una declaración que sólo el gobernador Duarte y su procurador, Amadeo Flores, pueden dar por cierta, pero que le confiere un rango de sospecha a la investigación por lo descabellado de las afirmaciones.

 

Según la declaración de los involucrados, el móvil fue “darle un susto” al pastor cristiano. Llegaron a su domicilio. Dos de ellos permanecieron en la calle, uno vigilando y el otro al volante del automóvil, y los otros dos ingresaron.

 

Brincaron la reja. Llegaron a la puerta principal. Tocaron y les abrió la esposa, Lucy Enríquez. La sometieron y se dirigieron al lugar donde se hallaba el pastor. Ahí lo encontraron y el “susto” pasó a ser una carnicería. Le asestaron 36 puñaladas y le acabaron un bate en la cabeza. Luego revolvieron la habitación para simular un robo, aunque curiosamente no robaron nada.

 

Tras el asesinato, según la declaración de los involucrados a la AVI, se retiraron. Al día siguiente se reunieron en la misma cantina donde habían planeado el asalto a la casa del pastor y ahí Roberto Lara Velásquez, quien supuestamente sólo se dedicó a cuidar el perímetro durante el crimen, les pagó los 15 mil pesos prometidos a cada uno de sus cómplices.

 

Dos meses y medio después, ocurrió el levantón, la presión de los familiares, el bloqueo de los accesos a Coatzacoalcos y finalmente la sorpresiva presentación de los cuatro electricistas como autores materiales del crimen del pastor Claudio Martínez.

 

A pesar de lo endeble que resulta el caso, el Ministerio Público los presentó ante el juez. Ahí, al rendir su declaración preparatoria, los cuatro acusados se desdijeron, denunciaron que habían sido sometidos a torturas para que aceptaran una culpabilidad que no tienen y pidieron que se certificaran los hematomas por golpes y las huellas de los toques eléctricos que les aplicaron.

 

La oleada de críticas que ha provocado la peliculesca solución del caso, vuelve a traer a debate la credibilidad del gobierno de Veracruz y a confirmar que la Procuraduría estatal no aplica la ley sino que se atiene a directrices políticas en detrimento de la justicia.

 

En Coatzacoalcos, en todos los ámbitos, nadie cree en la culpabilidad de los cuatro electricistas. Al unísono, el sentir popular es que la policía está inventando un “presunto culpable” y que se está involucrando a personas inocentes.

 

Sin embargo, en corrillos judiciales se da por un hecho que el Ministerio Público no soltará a los inculpados por el temor al ridículo que enfrentará y a la pérdida de confianza de la sociedad en el aparato de justicia.

 

El caso está plagado de inconsistencias. Se trataba de un “susto” por el que se pagaron 15 mil pesos a tres de los supuestos criminales, cuando es sabido que los trabajadores de CFE ganan eso y quizá más, obviamente sin necesidad de “asustar” a nadie y mucho menos matarlo.

 

Tampoco se acredita un robo porque no se robaron nada, aunque la viuda del pastor asegure que lo primero que le preguntaron los matones era que dónde estaba la “ofrenda”, o sea el dinero recolectado en la Comunidad de Dios.

 

Frente a lo dramático del caso, los familiares designaron a Enrique Rentería Zavaleta como abogado defensor de los cuatro electricistas, el cual fue agente del MP en Coatzacoalcos durante el sexenio fidelista, conocedor de las turbiedades que se cometen en el área ministerial y que sabe cómo deshacer entuertos de ese calibre. O sea, para que la cuña apriete ha de ser del mismo palo.

 

Uno de los primeros elementos que tendrá que valorar el juez, es por qué se realizó la aprehensión y se les mantuvo incomunicados durante varios días, y de no ser por la presión que ejercieron los familiares, no habrían sido presentados como los supuestos asesinos del líder religioso. La detención fue a todas luces ilegal.

 

Como dato adicional, ahora el alcalde Marcos Theurel Cotero anuncia que denunciará a los familiares que bloquearon los accesos a Coatzacoalcos, lo que implica una advertencia, un amago, una amenaza y un acto de autoritarismo, pues la protesta se castiga y el reclamo se criminaliza.

 

El caso de los electricistas va por el camino del de la periodista Regina Martínez Pérez, corresponsal de la revista Proceso, asesinada el 28 de abril de 2012, en Xalapa. El gobierno de Veracruz inventó un autor material, lo juzgó y lo sentenció a 38 años de prisión. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia, al estudiar y conocer la apelación interpuesta por el supuesto asesino, determinó que fuera puesto en libertad, ya que se le habían violado sus derechos, entre ellos la forma en que fue aprehendido y torturado para declararse culpable.

 

El gobierno de Javier Duarte tiene un serio problema: dejó de escuchar a la sociedad. Ante los grandes crímenes, opta por fabricar culpables. Cubre su ineficiencia con mentiras.

 

Javier Duarte, el gobernador, se despeña a la vista de todos. Y todo porque se niega a corregir, enmendar y, cuando la situación lo amerita, a rectificar.

([email protected])(@moralesrobert)