Los gobiernos sufren a diario el Síndrome de Poncio Pilatos. Se lavan las manos y ya. No se hacen responsables de nada, ni de sus acciones, ni de sus omisiones, ni de lo que provocan, de la pobreza, de la inseguridad, de las tragedias y de la muerte. Y así ocurre con los migrantes.
 
Los gobiernos centroamericanos tienen una alta cuota de responsabilidad en el éxodo escandaloso de personas que dejan todo y se van, todos, absolutamente todos hacia Estados Unidos a hacer efectivo el “american dream”. Pero los políticos sostienen que se va el que quiere, que nadie los corre ni los expulsa, y lo que a regañadientes admiten es que hay desempleo y por supuesto pobreza.
 
Acá, en México, también hay doble cara. A los migrantes, ya sean centro y sudamericanos, asiáticos e incluso africanos, se les recibe y se les facilita viajar, llegar a la frontera y de ahí hacia delante, ingresar ilegalmente a Estados Unidos.
 
Las leyes migratorias fueron readecuadas para ello, en atención a convenciones internacionales y a políticas de derechos humanos. Antes, ingresar a territorio mexicano sin documentos, era ilegal. Ahora, si se les cataloga “en tránsito”, la ley los protege.
 
Lo que es una contradicción es que Migración detenga a un grupo de indocumentados, los remita a una garita y luego los deporte, y al mismo tiempo otro grupo viaje en La Bestia, el tren que los lleva hasta el centro del país, a la vista de todos, incluso que lleguen a albergues para migrantes y nadie les diga nada.
 
Esa es la parte de responsabilidad que le corresponde al gobierno mexicano. La ley lo obliga a respetar a los migrantes y otorgarles garantías, pero en los hechos no los protege, no les da seguridad, los deja a merced del hampa, los convierte por omisión en desaparecidos y en estadística de muerte.
 
La tragedia sufrida el 25 de agosto en la ranchería Tembladera, en el municipio de Huimanguillo, Tabasco, cuando La Bestia descarriló por el robo de una parte del riel, con saldo hasta ahora de 12 muertos, deja lecciones de las que hay que aprender.
 
Los migrantes sufrían el acoso del crimen organizado que los abordó minutos antes. Les exigía su cuota para no arrojarlos del tren y que se pusieran a mano con el líder de los delincuentes, con el que hablarían en Coatzacoalcos. O sea, acababan de ser objeto de una extorsión.
 
Inicialmente se hallaron cuatro cuerpos; luego fueron apareciendo más víctimas entre las góndolas y las toneladas de chatarra que transportaba La Bestia. Al final el saldo es de once muertos y uno más que se sabe ahí quedó, sepultado, aunque se infiere que hay muchos otros por el olor a materia en descomposición y que una vez que concluyan las maniobras se tendrá una idea clara de la magnitud del accidente.
 
La lección, sin embargo, no se limita a lo que ocurrió el domingo 25 de agosto. Los migrantes vienen huyendo de la inseguridad, de los grupos paramilitares, de la violencia en general, de la represión del gobierno, y también de la pobreza, de la falta de empleo y de la cancelación de oportunidades. También hay que decir que otros, por fortuna los menos, vienen huyendo de la ley, de su responsabilidad en delitos y en México creen encontrar un oasis hasta que se convierten en carnada del crimen organizado.
 
Los políticos, los de Centroamérica y los de México, no se asumen como parte del problema sino como testigos distantes de la tragedia, cuando en los hechos tienen una responsabilidad compartida.
 
La Directora General de Asuntos Consulares y Política Migratoria de la cancillería hondureña, Ivonne Bonilla de Díaz, llegó a Las Choapas, se dirigió al lugar del accidente, sobrevoló el sitio y acudió a entrevistarse con las autoridades municipales. La finalidad era agradecerles el apoyo brindado a las víctimas del descarrilamiento.
 
Cuando se le preguntó sobre la responsabilidad en ese flujo de migrantes hacia México y concretamente hacia Estados Unidos, sólo atinó a responder que su gobierno no obliga a sus connacionales a dejar el país para ir en busca del sueño americano. Reconoció que hay pobreza, provocada por el desempleo, pero que ahora se suman factores como la inseguridad, lo que genera desplazamiento forzado.
 
La diplomática tiene argumentos endebles y muy cuestionables. Su gobierno, dice, no obliga a los hondureños a dejar su país, pero tampoco evita que haya inseguridad ni genera empleo suficiente para que la gente se arraigue. Y sostiene que nos les pueden quitar el sueño de llegar a Estados Unidos.
 
El éxodo de hondureños, según Ivonne Bonilla de Díaz, es de 200 a 300 personas al día, o sea 9 mil en un mes, lo que equivale a más de 100 mil en un año, mientras la población total es de 8 millones.
 
La otra parte de la tragedia se desarrolla en México. El gobierno federal ofrece seguridad, pero no lo cumple. Los indocumentados ingresan a territorio mexicano en calidad de migrantes de paso, pero nada les asegura que lograrán llegar a Estados Unidos. En el camino son asaltados, extorsionados, muchas mujeres violadas, muchos niños separados de sus padres, algunos varones reclutados por el crimen organizado y otros asesinados por negarse a servirle al narcotráfico.
 
Las historias se suceden a diario. Cientos de migrantes fueron ejecutados porque no hubo familiares que enviaran el dinero que los extorsionadores exigían a cambio de su vida. La minoría logra escapar y dar parte a autoridades que a menudo actúan en contubernio con el crimen organizado.
 
Institucionalmente, el gobierno tiene una obligación ineludible: proteger la vida de los migrantes como la de cualquier ciudadano que se encuentre en nuestro país, sea cual sea se situación migratoria. Así debiera de ser, pero no lo es.
 
El Grupo Beta, cuya misión es la protección a migrantes, brilla por su ausencia. Salvo por la visita de la diplomática hondureña, acompañada de la titular de Migración del gobierno de Veracruz, Claudia Ramón Perea, a lugar del accidente, el 30 de agosto, no tiene actividad en territorio tabasqueño.
 
La policía reconoce que el tramo de Francisco Rueda, en Tabasco, a San José del Carmen, en Las Choapas, Veracruz, es zona en que opera la delincuencia organizada. Son frecuentes los asaltos, la extorsión, el pago de cuotas y las agresiones a los migrantes, pero no hay operativos para desactivar a las bandas que actúan al margen de la ley.
 
Justamente en Tembladera, La Bestia disminuye su velocidad por ser zona de curvas. El trayecto se efectúa a 20 kilómetros por hora y eso propicia que los delincuentes puedan abordar el tren.
 
La zona de riesgo está focalizada, pero los asaltos y la extorsión es tolerada y solapada impunemente por la autoridad. La policía revela que los delincuentes cometen su fechoría y abandonan el tren en la zona de Tancochapa, donde abordan lanchas que les permiten evadirse.
 
La información sobre su forma de operar es pública, pero no hay autoridad que genere condiciones de seguridad para un grupo a todas luces vulnerable, como son los indocumentados. El Grupo Beta, perteneciente a la Secretaría de Gobernación, ni se aparece, y la policía federal, el Ejército, la Marina, Seguridad Pública de Veracruz y su contraparte de Tabasco, mantienen una pasividad cómplice e imperdonable.
 
La tragedia de Tembladeras nos cimbró a todos, pero no será la última porque hay gobiernos —Honduras, Guatemala, El Salvador, entre otros— que nada hacen por abatir la pobreza y generar condiciones de empleo digno para arraigar a sus poblaciones, y el gobierno mexicano que permite que el crimen organizado opere a sus anchas en un tramo que ya es zona de muerte.
 
Todos, los de afuera y los de adentro, como Poncio Pilatos, se lavan las manos.
([email protected])(@moralesrobert)