Salvo a los políticos, todos los sectores sociales deploran los desastres naturales, lo que traen consigo, los daños materiales pero sobre todo las pérdidas humanas, o que miles pierdan sus casas, su ropa, su vida entera. A todos les duele, pero a un sector de los políticos no.

Los huracanes, los temporales, los sismos, los incendios sin control vienen a recordar que hay reglas para enfrentar los desastres naturales y hacerlos menos dañinos. Y algo todavía mejor: hay forma de prevenir, de estar atento, preparado, alerta para mitigar sus efectos. A eso se le llama protección civil.

Hace 28 años, la mañana del 19 de septiembre de 1985, México se sacudió literalmente con un temblor de magnitud insospechada, de 8.1 grados, que devastó zonas cruciales de la ciudad de México. Le pegó al centro histórico, a edificios símbolo de la capital en la avenida Juárez, el hotel Regis, la Secretaría de Marina, a unos metros del Hemiciclo a Juárez; al Centro Médico Nacional, hoy Centro Médico Siglo XXI; al Multifamiliar Juárez y a incontables viviendas de la colonia Roma; al emblemático edificio Chihuahua, en Tlatelolco, y a extensas áreas del DF.

A partir de ahí se creó una cultura de la protección civil. Los gobiernos los adoptaron. Se crearon protocolos; que los edificios tuvieran señalización para indicar rutas de evacuación; que los ciudadanos estuvieran adiestrados para saber cómo comportarse en caso de desastre; que se efectuaran simulacros en escuelas e inmuebles oficiales para evitar que la tragedia sea mayor.

La protección civil es una forma de prevención. Obliga a los gobiernos a no expedir permisos de construcción en zonas de riesgo o a permitir asentamientos en laderas de cerros o en áreas cercanas a los ríos, donde la creciente en época de lluvias se lleva cuanto encuentra a su paso.

La protección civil suena como una solución porque es preventiva, pero termina siendo una utopía. Y lo es porque en manos de los políticos, los recursos se aplican para tareas ajenas a su objetivo, sirven para lucrar políticamente o se les da un uso electoral.

En Veracruz la protección civil se ha pervertido así. Un político sin escrúpulos, como es Fidel Herrera Beltrán, la elevó a rango de secretaría. Antes era simplemente una dirección y luego pasó a ser una subsecretaría. Pero Fidel le vio rango y la usó para ganar votos y para encubrir fugas de recursos.

Con Fidel Herrera, dos políticos sin perfil para el cargo manejaron la Secretaría de Protección Civil: Ranulfo Márquez, quien inició como subsecretario, y Silvia Domínguez López. Él fue siempre su fiel escudero, un grillo de marca y un connotado fidelista que se valió de la secretaría para repartir ayudas a cambio de votos; ella había suplente de Fidel en el Senado y luego ocupó el escaño cuando Herrera Beltrán vino a contender y a adueñarse de la gubernatura de Veracruz; en el último trecho de su gobierno Silvia Domínguez lidió con los efectos del huracán Karl y la tormenta Mateo.

Fidel impulsó esa secretaría a fuerza de un activismo exagerado, viajando por toda la entidad, en zonas siniestradas, en lugar inundados, en áreas afectadas por incendios o temblores. Se repartieron millones de pesos en colchonetas, víveres, láminas, cobertores, entre otros muchos, para mitigar los efectos de los fenómenos naturales.

En el fondo había algo más que atender a los desvalidos. Cientos de políticos en su mayoría priistas, ocuparon espacios en el organigrama, consumieron el presupuesto, se supo de la existencia de “aviadores” incrustados en la nómina, lo que explica que la prevención de las contingencias es letra muerta en Veracruz y en gran parte del país.

Ranulfo Márquez se convirtió en un agente activo de la protección civil, que viajaba por todo Veracruz al ritmo de Fidel Herrera; que llegaba a las zonas afectadas a sensibilizar a los ciudadanos afectados por los meteoros naturales de que el gobernador hacía todo por ellos; era un repartidor de los enseres que aliviarían en parte el dolor de haber perdido todo.

El fin era propagandista. Aunque el uso de recursos no tenía límite, el objetivo era fortalecer el fidelismo.

Ranulfo Márquez, uno de los más prominentes gurús del mapachismo del fidelísimo próspero, fue el mago de la protección civil, y precisamente cuando la desgracia alcanzó a miles de veracruzanos hizo inmensamente millonarios a unos cuantos de la élite política.

La prueba de fuego llegó cuando las intensas lluvias provocaron que el río Papaloapan se desbordara y así se inundó Tlacotalpan, la mítica ciudad, patrimonio de la humanidad. Pronto se descubrió que el gobierno de Veracruz supuestamente había destinado millones de pesos para el dragado de ese río, precisamente para evitar el desastre que a la postre ocurrió. El fraude estaba a la vista de todos.

El otro suceso que dejó en claro que todo había sido una simulación lo provocó el huracán Karl y la tormenta Mateo, en 2010. Ambos acabaron con las carreteras y autopistas de Veracruz; se desbordaron ríos y sus afluentes; se inundaron cientos de poblaciones; desde el Pánuco hasta el Coatzacoalcos, el panorama era similar.

La prevención es utópica porque de lograrse acabaría con lo grandes negocios de los políticos. A mayor cantidad de daños, mayores obras de emergencia se requieren.

Cuando ocurren los desastres naturales, los políticos se frotan las manos. En cada huracán, en cada lluvia torrencial, en cada sismo, en cada incendio, los gobernadores están prestos a cuantificar daños, inflarlos y dejarse pedir recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN).

Los recursos del FONDEN se conforman con aportaciones del gobierno federal y cada entidad federativa. Al ocurrir un siniestro, el estado solicita dinero para la reconstrucción.

El negocio está en que las obras son asignadas sin licitación alguna, a menudo entregadas a los amigos o a los constructores corruptos, que aportan su diezmo a cambio del contrato, pero sin requerir cumplir con el tortuoso trámite, un proyecto ejecutivo, la junta de aclaraciones y la presentación de la propuesta técnica y económica. El asunto se arregla en una oficina, con un maletín cargado de dinero líquido y sin mayor complicación.

Los desastres naturales son, pues, un negocio redondo para el gobernador, sus operadores de obras y los miembros de clan político.

Puede ser que los desastres naturales dejen muerte y desolación, familias diezmadas, poblados destruidos, el sistema carretero en condiciones deplorables, a miles de ciudadanos sin futuro, una vez que perdieron su hogar, su ropa, su alimento, su trabajo e incluso sus documentos personales, pero a los políticos les significa una forma de hacer dinero.

La tragedia impone, sacude y consterna a quienes la padecen y a muchos que la observan, pero suele ser un negocio millonario para ese sector de la sociedad que lucra con el desamparo de los demás, los políticos sin escrúpulos.
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