El poder tiene sus tentáculos incrustados en la sociedad. Es fácil detectarlos cuando una parte importante de sus ingresos económicos los obtienen de las arcas gubernamentales. Son fanáticos del diezmo.
 
Y son esos tentáculos los que operan para reventar las manifestaciones sociales y polarizar a la sociedad, los que sugieren el uso de la fuerza pública en las protestas del magisterio, los voceros de la represión.
 
Su papel es alentar la guerra de odio. Su misión es hacer legítima la mano dura del gobernador Javier Duarte de Ochoa y justificar la fuerza policíaca que actúa con prepotencia, a menudo con arbitrariedad, en un despliegue de fuerza que ya se va haciendo rutinaria para disuadir a los adversarios del gobierno de Veracruz, así sea violentando los derechos de manifestación y expresión garantizados por la Constitución Política de México.
 
Esos tentáculos, esos voceros, fueron en su momento actores embozados, cubiertos por la máscara de la cobardía, que desde las sombras exigían soluciones de fuerza a problemas sociales. Ahora lo son con rostro, nombre, apellido y desfachatez.
 
Por otra parte, el dilema magisterial ha sacado argumentos hasta ahora poco atendidos. Los maestros de Veracruz no son radicales. Han sido, en lo que cabe, privilegiados del sistema. Rara vez le crean un problema al gobierno y ese gobierno había tenido las armas, los mecanismos, la habilidad para someterlos y dejarlos contentos.
 
En Veracruz el problema es la educación de baja calidad. El problema se origina en los planes de estudio, en los alcances mínimos que se le exige a cada maestro; en la falta de aplicación de quienes tienen la obligación de enseñar y educar; en la actitud paternalista del estado que les tolera todo a cambio de no generar conflictos; en el tráfico de influencias del que se valen los maestros grillos para obtener plazas de trabajo que representan salario extra, que no trabajan pero que sí cobran; en los cargos públicos —regidurías, alcaldías, diputaciones y hasta senadurías— a cambio de operar campañas a favor del PRI.
 
Sin embargo, el maestro veracruzano no está radicalizado como en Oaxaca, Chiapas, Guerrero o Michoacán. El movimiento magisterial así lo ha dejado ver. Quienes se rebelaron contra el cacicazgo del líder estatal, Juan Nicolás Callejas Arroyo, lo hicieron motivados por los derechos laborales que afectará la reforma educativa del Presidente Enrique Peña Nieto pero también por el hartazgo que ha generado el enriquecimiento y el abuso de los dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
 
En ese ambiente, la inconformidad ha servido como caldo de cultivo para la insurrección y de ahí la presencia de células de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el ala radical del sindicato magisterial.
 
Como bien dicen los maestros veracruzanos, la experiencia de la CNTE es asunto aparte. Ellos han enfrentado descuentos de salario, persecución, asedio y han salido adelante. Si no hay sueldo, botean en las calles para sostenerse, para llevar algo a su hogar. Los maestros de acá no conocen esa experiencia y difícilmente la imaginan, y mucho menos están dispuestos a correr ese riesgo. Sin embargo, están ávidos de un cambio. No son de izquierda, pero comienzan a sentirse orgullosos de vestir una playera con la imagen de Emiliano Zapata o del Ché Guevara. Se contagian y cunde en ellos el ánimo de sacudirse a sus caciques.
 
En gran medida, el conflicto se ha agudizado por la postura gobiernista de Callejas Arroyo y su grupo caciquil, los beneficios políticos obtenidos a cambio de mantener sometido al gremio y el enriquecimiento de los dirigentes regionales.
 
Uno de los puntos de irritación se dio al conocerse los salarios que perciben algunos de los líderes del SNTE: Celia Salas Valdez, 507 mil 910 pesos; Alfonso Javier Marcial Luna, 245 mil 394 pesos; Jorge Enrique Velázquez Pérez, 224 mil 319 pesos; Juan Nicolás Callejas Roldán, hijo de Callejas Arroyo y líder formal de la Sección 32, 131 mil 593 pesos; Pedro Callejas Roldán, dos sueldos, uno por 55 mil 962 pesos y otro por 47 mil 197.70 pesos; René Martínez Lara, 101 mil 224 pesos, y José Luis Montoya y Pumarino, líder de los maestros en el sur de Veracruz y ex regidor en Coatzacoalcos, 120 mil 746 pesos.
 
El agandalle con las plazas de trabajo y los salarios exorbitantes que cobran, ha sido el detonante del conflicto. Mientras los maestros ganan salarios modestos y sólo tienen derecho a dos plazas, Callejas y su banda se enriquecen con el dinero que debiera ser destinado a la educación. Quizá la radicalización de los maestros no sea el camino a seguir, pero sus causas son entendibles.
 
Y mientras unos se enfrentan al gobierno, en el otro extremo están los agentes encubiertos, los voceros de la represión, los fanáticos del diezmo que exigen soluciones de fuerza.
 
Javier Duarte es un gobernador de golpes bajos. Le falta consistencia para imponer su autoridad y lo hace a través de otros actores sociales, a quienes usa para legitimar sus acciones, a menudo fuera de la ley. Una de ellas fue la represión a maestros, activistas sociales y periodistas en Plaza Lerdo, en Xalapa, una embestida policíaca en la que usó toletes eléctricos, macanas y la fuerza bruta con el pretexto de que debía quedar libre el espacio para la ceremonia del Grito de Independencia, y que le valió una condena mundial porque la razón no se puede imponer con las armas de la violencia.
 
El movimiento magisterial sigue creciendo en Veracruz. La toma de carreteras, el bloqueo de avenidas, la toma de escuelas y de oficinas de gobierno, han sido una prueba no superada para el gobernador Duarte.
 
Duarte carece de empaque político para encarar al movimiento magisterial y a cambio los golpea de manera triangulada. No se atreve a decir que usará la fuerza pública para sacarlos de las calles, pero sí usa a sus monigotes para legitimar la violencia policíaca.
 
Ahora vemos a constructores, líderes empresariales y transportistas, que exigen el uso de la fuerza pública. Vemos también a un Congreso estatal que usurpa funciones, que se arroga el derecho a intervenir en un conflicto que de origen es federal y que debe resolverse en la instancia federal, no mediante la firma de acuerdos entre pseudolíderes de maestros y el gobierno veracruzano o los legisladores.
 
Algunos de esos auspiciadores de la solución violenta son empresarios como Enoch Castellanos, vicepresidente de Delegaciones del Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), de quien se sabe recibe contratos de obra del gobierno de Javier Duarte o del ayuntamiento de Coatzacoalcos; el líder de la Federación Estatal de Transportistas, Rubén Barrera Ordóñez, y el diputado local, José Murad Loutfe Hetty, quien reitera que debe aprobarse la iniciativa de ley, confeccionada por él mismo, para que se les aplique una pena de 20 años de prisión a quienes bloqueen carreteras y afecten al transporte público.
 
La maniobra es evidente. Javier Duarte requiere de voces que demanden el uso de la fuerza pública para aplastar a los maestros. Echa mano de empleados, como el diputado Murad Loutfe, o el empresario Enoch Castellanos, que paga su diezmo por las obras y obtiene jugosas ganancias, o el líder transportista Rubén Barrera, que de buenas a primera recuerda que hay taxistas afectados por los bloqueos de maestros en la capital de Veracruz.
 
Usar a otros para legitimar la violencia de estado, es una práctica hostil al pueblo. Echar mano de los tentáculos del pulpo de gobierno, habla de un régimen con intereses ajenos a la sociedad que dice representar. Duarte así lo hace. Se vale de los fanáticos del diezmo, que son los voceros de la represión.

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