Sin sensor y sin radar, no hay presidente que puede concretar sus proyectos. Enrique Peña Nieto está en ese escenario. Puja para sacar su reforma educativa y se jacta de asumir los costos políticos que derivan de ella, pero su real preocupación radica en la reforma hacendaria, rechazada por derecha e izquierda, y que golpeará a todos, principalmente a la clase media.
 
 Desde Indonesia, donde fue a pasear más que a participar en la cumbre de la APEC (Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico), Peña Nieto se ufanó de que asumirá los costos políticos de la reformas hacendaria y energética, con lo que dejó en claro que no considera dar marcha atrás.
 
Con su propuesta hacendaria le pega a todos los sectores de la sociedad, a los ricos y a los pobres, a los empresarios y a los obreros, al inversionista y al empleado. Peña Nieto la ve como el motor del desarrollo y México la ve como profundamente corta y, además, inequitativa.
 
La reforma hacendaria llegó rasurada al Congreso. Originalmente contemplaba aplicar IVA en medicinas y alimentos, pero cuando se generalizó el repudio a la reforma educativa y los maestros tomaron las calles, bloquearon carreteras y cercaron las sedes legislativas, Peña Nieto dejó de lado ese punto.
 
No satisfizo a muchos porque pretende seguir sangrando a los que ya contribuyen, incluso incrementando el porcentaje a pagar, en vez de ampliar la base de causantes, entre ellos los 10 millones de vendedores ambulantes que hay en el país.
 
Peña Nieto propone que paguen impuesto los refrescos que usan azúcar y los chicles, pues de esa manera se evitará que los mexicanos sigan cayendo en la obesidad. También pretende gravar los alimentos para mascotas, porque aunque son alimentos, no los consumen los humanos.
 
Mañosamente, el gobierno de Peña Nieto dejó puntos negociables con la oposición. Uno de ellos es la propuesta para gravar las colegiaturas escolares. Otro, que paguen 16 por ciento de IVA las rentas de inmuebles, las hipotecas y ventas de casas.
 
Sabe que ese apartado incide en la clase media alta, donde están los intereses de los panistas. Gravar las colegiaturas es echarse al PAN encima, pero retirar la propuesta es ganar el voto azul.
 
Lo mismo ocurre con el arrendamiento y venta de casas, de lo que vive un amplio sector del panismo. Dejar ese punto en suspenso, sería sumar votos a favor de la reforma hacendaria del Presidente.
 
Así es la política. Se vive del bluff. Se genera un panorama catastrófico y a medio andar se negocia, se retiran las propuestas inviables, y todos contentos.
 
De lo contrario, si Peña Nieto persiste en su intención de hacer sentir el puño, su reforma hacendaria se va quedar en un desangelado intento.
 
La oposición y hasta el mismo diputado Manlio Fabio Beltrones, líder de la bancada priista, han afirmado que no van con el IVA en colegiaturas escolares. Tampoco pretenden gravar los refrescos embotellados, salvo con un peso por unidad.
 
Nadie está por incrementar el Impuesto Sobre la Renta a 32 por ciento, pero el PRD propone que se aplique ese impuesto a la riqueza en quienes ganan más de 500 mil pesos anuales; de 35 a 36 por ciento en quienes perciben más de un millón de pesos, y del 45 por ciento en quienes tengan ingresos de más de 2 millones al año.
 
También se contempla la creación del seguro de desempleo, modificando lo que los patrones pagan actualmente para el fondo de vivienda. Del 5 por ciento que se aporta, 2 por ciento se aplicaría a vivienda y el otro 3 por ciento se repartiría así: uno por ciento para seguro de desempleo y el 2 por ciento restante lo manejaría el gobierno federal para crear un “fondo solidario”.
 
La reforma hacendaria de Peña Nieto ha dejado insatisfechos a todos, lo mismo panistas que perredistas y hasta priistas. El senador Héctor Larios, del PAN, de plano ha dicho que sea retirada y que el presupuesto del gobierno federal se apruebe con los criterios fiscales con los que actualmente se trabaja. Ya se presentará la reforma hacendaria en 2014, más pulida, más profunda.
 
“Pensemos algo decente para el próximo año que sí incremente la recaudación”, expresó Larios.
 
Fernando Rodríguez, diputado del PAN, fue igual de categórico:
 
“Es una reforma muy dañina contra la economía familiar. Es un atentado al bienestar de la clase media y es importante que hagamos presión y si el Gobierno es sensible, lo que debe hacer es lanza otra propuesta muy distinta a lo que mandó que fue fallida y obtuvo el rechazo completo de la sociedad”.
 
Los partidos de oposición van haciendo su juego. Le dice no a Peña Nieto, lo orillan, le muestran las ruinas de su gobierno si persiste en su reforma hacendaria.
 
Sin impuestos no hay paraíso. Eso lo tiene bien claro Peña Nieto. Sin recursos su gobierno no caminará. Pero sus opositores le gritan que el problema no está en la recaudación sino la ineficiencia para administrar los recursos, en un aparato burocrático obeso, en salarios elevadísimos de los funcionarios de alto rango, en el dispendio, en los programas innecesarios.
 
Peña Nieto depende de la reforma hacendaria y de no concretarla, así tenga que hacerle cambios radicales, estaría iniciando el camino de su fracaso. De ahí que ofrezca diálogo, escuchar a los opositores y matizarla.
 
Sin impuestos no hay paraíso. Y peor cuando la sociedad tiene una percepción negativa de su gobierno. Las últimas cifras aportadas por Transparencia Internacional describen a un México devorado por la corrupción: 91 por ciento de los entrevistados dijo que hay corrupción en los partidos políticos; 90 por ciento en la policía; 87 por ciento en los servidores públicos; 83 por ciento en el Congreso, y 80 por ciento en el Poder Judicial.
 
El dilema de los contribuyentes es pagarle impuestos a un sistema político con fama de corrupto, que propone y aprueba reformas hacendarias para elevar la captación, pero sin la seguridad de que lo aportado se emplee para bien.
 
El punto final es que a diez meses de gobierno, Peña Nieto sigue siendo un gobernante que no cumple sus compromisos ni hace honor a su palabra.

De las 374 promesas de campaña, sólo ha cumplido 34, o sea, 9.09 por ciento; 230 se encuentran en desarrollo y 110 sin avance.
 
Peña Nieto se envalentona al hablar de que asume los costos políticos, pero pagar reales costos políticos sería responder con valor a la principal demanda de la sociedad que es el combate a la corrupción, madre de la insoportable inseguridad y pobreza en un país que va de picada.

 ([email protected])(@moralesrobert)