Nueve de cada diez veracruzanos están ciertos que la división de poderes no existe; que el poder legislativo es un instrumento de gobernador y que el judicial, desde los magistrados hasta los jueces, van por el mismo camino, al servicio del poder político. Así de mal estamos.

El Poder Legislativo es una extensión del Ejecutivo. Le obedece en todo, le solapa todo, le aplaude todo. Hasta lo más descabellado le aprueban, sean nuevas leyes, modificaciones a preceptos legales, al Código Penal, a cualquier instrumento para apretar al pueblo. Todo le aprueban los legisladores, incluido aquello que viola el marco constitucional porque así lo instruye el gobernador.

Llámese Javier Duarte, Fidel Herrera, Miguel Alemán, Chirinos, Dante, Gutiérrez Barrios o quien haya pasado por el cargo de gobernador, el Poder Legislativo se rinde a sus pies.

Todos, a excepción de Fidel en sus primeros tres años de gobierno, tuvieron un Congreso a modo, con mayoría priista, y eso les permitió transitar sin mayor alteración.

El de la lana manda, y los diputados supieron a quién le tenían que cobrar, sin inquietarles qué pensara el electorado que los eligió.

El Poder Judicial va por el mismo camino. Cada vez son más magistrados surgidos de las filas de la política. Llegan al Tribunal Superior de Justicia sin haber sido jueces o siquiera secretarios de juzgado. Y quienes acceden a la cúpula del Poder Judicial en Veracruz, a menudo deben su encumbramiento al apalancamiento político.

Ahora cualquier pendejo puede ser magistrado, dijo la célebre Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros, cuando vio llegar las designaciones de Edel Álvarez, Gladys Pérez Maldonado y Fernando Charleston Salinas, por la mano nada leal y mucho menos ética del entonces gobernador Fidel Herrera Beltrán, en 2010.

La magistrada Castañeda Palmeros asestó un golpe severo, pero sobre todo desnudó la imposición del poder político en el Poder Judicial de Veracruz. Edel Álvarez y Charleston son políticos y no se han distinguido ni por vivir del litigio ni por contar una formación académica que provoque la envidia de nadie.

Aquella afirmación —“ya cualquier pendejo puede ser magistrado”— causó revuelo pero no impidió que Fidel se saliera con la suya. Decenas de magistrados son recomendados de los políticos y por eso el Poder Judicial de Veracruz anda tan mal. Hay gente descalificada, sin formación ni amor por las leyes, aplicándolas y conduciendo la administración de justicia a criterio de quien gobierna o de las camarillas políticas.

La historia vuelve a repetirse. Ahora el recomendado del gobernador Javier Duarte de Ochoa es Amadeo Flores Villalba, hijo del procurador veracruzano, Felipe Amadeo Flores Espinosa, el mismo que el día que no la riega, la amuela, que mete a la cárcel inocentes y deja libres a delincuentes.

Los títulos y diplomas de las mejores universidades del planeta, no debieran ser suficientes para colocar en cargos de magistrados a personas que carezcan de una experiencia y trayectoria que avalen un criterio justo y honorable. No debieran, pero en el Veracruz del gobierno fallido, hasta las complicidades se proyectan a largo plazo “haiga como haiga sido”. Y lo peor es que quienes van por esas magistraturas son juniors sin mérito alguno.

Sin personalidad propia, Duarte, tal como su padre político, Fidel Herrera, reparte notarías y puestos en el Poder Judicial, como si fueran placas de taxi.

Amadeo Flores Villalba, el junior del actual procurador de justicia, se sumará a un grupo de magistrados que son más bien conocidos por la superficialidad de su vida pública, sólo conocidos por sus actividades políticas. Para desgracia de los veracruzanos, a ellos se otorga una responsabilidad de la que dependen vidas y libertades.

En Flores Villalba se resume ese afán de los gobernadores por ir sembrando de allegados e incondicionales el Poder Judicial. El junior del procurador veracruzano tiene méritos cuestionables y una nula trayectoria en la judicatura: líder de Vía Veracruzana, organización política fundada por su papá y el senador Héctor Yunes Landa; una notaría pública, que no desempeña porque está de licencia; asesor jurídico del gobierno estatal y jefe de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Oficina del gobernador Duarte de Ochoa. Y hasta ahí.

Lo propone Javier Duarte para ocupar la plaza de magistrado que dejó Hugo Montero al jubilarse. Pero en justicia, carece de formación y se encuadra en el supuesto de Cecilia Castañeda de que “ya cualquier pendejo puede ser magistrado”. La propuesta es del gobernador pero la premura es evidente. El Congreso aprobará el nombramiento en una sesión extraordinaria, programada para el 31 de octubre, cinco días antes de que fenezca la actual Legislatura.

Colegios de abogados, líderes de opinión y los mismos magistrados han pedido respeto para el Poder Judicial. Se vislumbra una dura batalla por definir si Alberto Sosa repite como presidente del Tribunal Superior de Justicia o si accede al cargo Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros, cuyos reconocimientos le son otorgados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que, entre otras virtudes, se cuenta la defensa del Poder Judicial de Veracruz, incluyendo la que debe darse contra la nociva llegada de la juniorcracia al tribunal.

 Como bien apunta el analista político Salvador Muñoz, parte del problema radica en que Amadeo Flores Villalba es percibido como una imposición del gobernador Javier Duarte, como un empleado que brinca del gobierno de Veracruz hacia el Tribunal Superior de Justicia, y porque mínimo el junior debió cubrir la larga ruta de cualquier jurista para llegar a su destino, incluidos cargos en el Ministerio Público, juzgados, ayudantías y secretaría en el Poder Judicial hasta tener los merecimientos que le dieran solvencia a su postulación.

Por lo pronto, la propuesta del gobernador ya causó escozor en el Congreso. Los priistas, tan duchos para hacer la tarea sucia, ya preparan sus discursos cargados de demagogia y frases absurdas que les permita quedar bien con Javier Duarte, para finalmente alzar la mano y dar por consumada la imposición.

Los panistas, en cambio, poco pueden hacer. No son mayoría. Ni reuniendo todos los votos de la oposición —la oposición real pues hay legisladores, como la “perredista” Brenda Reyes que más bien parece priista— podrían evitar que el gobernador se salga con la suya. Oscar Lara ha manifestado sus reservas. Se va con calma. Dice desconocer la trayectoria de Flores Villalba, pero la investigará.

Se espera un debate intenso pero con el final de siempre: la oposición gana todas las discusiones y pierde todas las votaciones.

Los políticos no creen en la democracia. No respetan a los poderes constituidos. El Poder Ejecutivo siempre se come a los otro poderes, al Legislativo y al Judicial. Los diputados están al servicio del gobernador y cada vez hay mayor número de magistrados recomendados por el poder político, que acceden al Tribunal Superior de Justicia con la complicidad del Congreso.

Así seguirá la simulación de la división de poderes mientras el pueblo veracruzano no empuje, mientras no se sacudan a una clase política que no representa los intereses de la sociedad.

Cuando un gobernador controla el Poder Ejecutivo, alcaldías, al Congreso estatal y finalmente coloca magistrados para hacer del Poder Judicial un súbdito más, la democracia no existe. Existe un poder concentrado y esa es una forma de tiranía. La justicia no existe y el abuso es cada vez más frecuente. Conviven el abuso y la impunidad.

Si el pueblo veracruzano quiere que esa aberrante fórmula cambie, algo tendrá que hacer.

([email protected])(@moralesrobert) (Facebook: Roberto Morales Ayala)