Lo peor de la educación tecnológica en Veracruz no es su falta de equipamiento escolar, los planes de estudio y el nivel profesional de los maestros. Eso, con algo de iniciativa y buena voluntad se subsana. No, el problema es la corrupción.

Una de las manzanas podridas está en los CBTis, los Centros de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios, donde fluyen los negocios, se usan como plataformas políticas, se manipula al estudiante y se pervierte la educación. ¿Y saben qué? Ahí tiene metidas las manos la Sección 32 del sindicato de maestros. ¿Y saben algo más? Ahí está la mafia de Juan Nicolás Callejas Arroyo.

Para entender lo que ocurre en el CBTis, hay que conocerlo por dentro. Hay que tocarle sus estructuras. Los miembros del SNTE y la dirección de los planteles, unidos para lucrar con la educación, sacar ventaja, hacerla rentable, hacerla un negocio.

En Veracruz operan 41 planteles. Dependen de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI). Los dirige María Guadalupe López Gómez Peña, aunque eso sólo es en el papel. En los hechos, los CBTis están en manos de la mafia magisterial callejista.

María Guadalupe López Gómez Peña tiene las manos atadas. Está sujeta a las presiones constantes y frecuentes de los delegados de la Sección 32. Tienen copadas todas las direcciones de los planteles. Imponen su voluntad. Hacen lo que quieren. Y así, por las buenas o por las malas, han logrado que la parte administrativa entre en complicidad. Ganan unos y ganan todos.

Independientemente de lo deplorable de las instalaciones educativas, en los CBTis de Veracruz hay una constante de delitos. Se venden las calificaciones, se acosa y explota sexualmente, hay discriminación y hasta tráfico de drogas, algo que ya se plantea para que la Procuraduría General de la República, la Presidencia, el Ejército o la Marina ataque, persiga y castigue a la red de delincuentes que operan al interior de los planteles.

Es tan complejo lo que ocurre, que la sola PGR no podría acabar con el problema. Hay elementos para que intervenga la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el área que tiene que ver con la educación tecnológica de la Secretaría de Educación Pública.

Dejar el tema de la corrupción —y su incidencia en la formación de lo alumnos— en manos de la dirección estatal de Educación Tecnológica e Industrial, es imposible por su alto nivel de complicidad. Limpiar la casa daría pauta a agitar el panal, a irritar a las abejas y seguramente podría estallar una huelga a lo largo y ancho de Veracruz, esta vez no a cargo de la disidencia magisterial sino de la propia Sección 32 del SNTE, los charros de Juan Nicolás Callejas Arroyo.

Quienes conocen las dimensiones del conflicto, aseguran que se requiere de la intervención del titular de la Subsecretaría de Educación Media Superior de la SEP, Rodolfo Tuirán, para que realice una limpieza administrativa y así hacer realidad el discurso del Presidente Enrique Peña Nieto de ofrecer estudios de calidad.

Los CBTis son como microscopios. Nos permiten ver cuántas bacterias tiene la educación. Vemos cómo infectan los programas educativos y cómo los maestros se corrompen, y de paso cómo corrompen a los alumnos. Les enseñan a ser personas sin ética, individualistas, a tomar el camino corto, que es el camino de la corrupción, a pagar por sus calificaciones, a imitar al maestro que hace trampa, que no trabaja pero cobra, que hace negocio al amparo de la educación. Los CBTis son un mal microscopio pero nos permite ver toda esa corrupción.

Son un botón de muestra de lo que la corrupción sindical, cuyo principal promotor es Juan Nicolás Callejas Arroyo, le ha hecho a la educación de Veracruz. Dirigentes sindicales sin escrúpulos se han apoderado de los planteles. Son los amos. Sus caprichos cuentan más que la voz del director del plantel. Y los directores, ante el dilema de ser ético o entrarle al juego, le entran al juego.

La mediocre calidad educativa, las deplorables condiciones de los planteles y las constantes grillas que se desatan al interior de las administraciones son tales que padres de familia y alumnos en diversos puntos del estado amenazan con parar las escuelas y conforme a derecho irse a huelga con el objetivo que sean autoridades federales las que intervengan.

El meollo del conflicto es ese. No son las autoridades de Veracruz las que van a lavar la podredumbre de los CBTis. No está en sus capacidad por una sencilla razón: la corrupción entró por el gobierno de Veracruz que permitió al sindicato magisterial secuestrar el área administrativa y someter al director en turno de cada plantel.

La solución que ya se plantean los padres de familia es que sea el gobierno federal, la Subsecretaría de Educación Media Superior de la SEP, la que descabece al monstruo. Los padres de los alumnos han comenzado a marchar, a alzar la voz, a expresar su desacuerdo, su inconformidad con la prepotencia del sindicato y con la complicidad de los directores de los CBTis.

El cáncer que afecta a los CBTis de Veracruz requiere quimioterapia. Son 41 planteles aquejados por el mismo mal. Ya en su pliego petitorio, el comité estudiantil del CBTis 113 de Las Choapas, reflejó qué tan grave es el problema: aulas con goteras, sin chapas en las puertas, insalubres; falta de maestros, lo que provoca asignaturas que no cursan; maestros sin capacidad para la docencia; talleres sin infraestructura; carreras técnicas que no pueden acreditar por no estar certificadas; falta de fomento a la cultura y al deporte; manejo en lo oscurito de las cuotas que cada semestre son cobradas pero que no se ve en qué se aplican; la concesión de la cooperativa escolar, que presumiblemente está en manos de la delegada sindical, por supuesto callejista. Lo peor es que ante el justo reclamo de los alumnos, el director del plantel recurre a la intimidación, al grado de acudir a los hogares de los alumnos a amedrentar en vivo y a todo color.

Hoy se entiende por qué en su momento la mafia sindical que en Veracruz comandan los Callejas, ejerció presión. No fue con el objetivo de mejorar la calidad de la educación media superior sino de arrinconar a la autoridades educativas de los planteles federalizados —en el caso de Veracruz bajo la responsabilidad de María Guadalupe López Gómez Peña— para forzarlos a dejar el botín en sus manos.

Ese es el cáncer y hay que extirparlo. Por eso el caso de los CBTis debe ser remitido al gobierno federal. Ahí habrá que aplicarle una cirugía mayor.

([email protected])(@moralesrobert)(Facebook Roberto Morales Ayala)