Pese al ORFIS, pese a las leyes que existen para sancionar con todo rigor a quienes incurren en irresponsabilidad en el manejo de los recursos públicos, en el sur de Veracruz —Coatzacoalcos, Minatitlán y Las Choapas—, reina la impunidad y florecen fortunas corruptas.
 
Sus alcaldes tenían la encomienda de generar progreso y bienestar y lo único que hicieron fue saciar su ambición, dejar secas las arcas y producir, eso sí, un estado de crisis que van desde lo financiero hasta lo político y social.
 
Marcos Theurel, en Coatzacoalcos, contrajo una deuda enorme, de 350 millones de pesos que habrá de terminar de pagarse dentro de 30 años; no hizo obra digna del tercer municipio en importancia de Veracruz, y será recordado sólo por la construcción de un parque de diversiones, su parque Jurásico, cuyo atractivo son los dinosaurios mecánicos que recuerdan el origen del priismo y sus prácticas del pasado.
 
Leopoldo Torres Hernández, en Minatitlán, pasaba más tiempo en los bares que en el palacio municipal y en compañías de las chicas del coro, sin la más remota idea de lo que es gobernar un municipio de tanta relevancia, ajeno a los conflictos, sobre todo de índole jurídico que enfrentaba la administración y que le crecieron como una avalancha que finalmente lo sepulto. Concluyó con una deuda de 40 millones de pesos.
 
Renato Tronco Gómez, en Las Choapas, gobernó para él, hizo gala de una insultante fortuna, violó la Ley de Obras Públicas, derrochó el dinero del pueblo en obras de mala calidad, incluyendo algunas que transgreden la legislación ambiental, provocando el estancamiento del municipio y sumiéndolo en el subdesarrollo, al tiempo que brotaban negocios a nombre de sus parientes y de sus amigos.  No contrajo deuda, pero mientras él se enriquecía, a Las Choapas lo alejaba del desarrollo.
 
Los tres casos están a la vista de todos. En los tres se ha documentado el nivel de corrupción con el que se condujeron los alcaldes. Los tres prometieron progreso y los tres estancaron a sus municipios, faltaron a sus compromisos de campaña y lucraron con uso de los recursos provenientes de las arcas municipales.
 
No deja de sorprender, pues, que ninguno de los tres municipios, ni los nombres de los alcaldes, figuren en la lista del Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz (ORFIS) que establece cuáles y con qué montos no acreditaron la cuenta pública 2012, cuando todos, en mayor o en menor medida, se hallaban en “la plenitud del pinche poder” y les fluían los recursos propios y los de origen federal.
 
Theurel, Leopoldo Torres y Renato Tronco no gobernaron bien. Los resultados están a la vista. Theurel y Leopoldo endeudaron a Coatzacoalcos y Minatitlán; dejaron crecer los rezagos sociales, pero los tres se enriquecieron sin importarles que el pueblo supiera de sus fortunas.
 
Fueron malos gobernantes, pero también gozan de la impunidad que les da el sistema político, los tres cobijados por el PRI, por el Congreso de Veracruz y por el gobernador Javier Duarte de Ochoa.
 
Cada caso tiene lo suyo. Cada caso es una lección de cómo no se debe gobernar.
 
Theurel Cotero terminó su gestión entre el encono de los empleados municipales y de los proveedores, prestadores de servicios y constructores a quienes les negó el pago de sus salarios.
 
Dejó pendientes 13 millones de pesos por concepto de aguinaldo a los trabajadores de confianza, así como su última quincena de diciembre, que a la fecha el nuevo alcalde de Coatzacoalcos, Joaquín Caballero Rosiñol, no anuncia cómo habrá de liquidarlo.
 
Quedó a deberle, también, a mil 100 empleados sindicalizados su fondo de ahorro, quinquenio, bono de puntualidad y bono de productividad, cerca de 10 millones de pesos.
 
A los contratistas les debe más de 50 millones de pesos, tanto en el ramo de la construcción como al comercio en general. A la Comisión Federal de Electricidad, otros 40 millones de pesos por consumo de energía que se negó a saldar y por empeñarse en que se le aplicara un pago fijo cuando que la paraestatal requería que se hiciera mediante el sistema de medición.
 
Otros 19 millones de pesos provienen de los juicios laborales que perdiera el ayuntamiento de Coatzacoalcos desde hace casi 15 años y que una y otra administración los han ignorado hasta haber convertido ese renglón en una bola de nieve que impacta las finanzas municipales.
 
El caso de Minatitlán es proporcionalmente grave, porque también representa un lastre para el nuevo alcalde, José Luis Sáenz Soto, quien de entrada reconoció que su antecesor le heredó una deuda de 40 millones de pesos.
 
También se les debe salario a los trabajadores, incluso varias quincenas, más de 5 millones de pesos, y pago a proveedores y prestadores de servicios.
 
En el caso de Renato Tronco, el mayor problema es la deficiente obra pública, el rezago social y su enriquecimiento a la vista de todo el pueblo, y peor todavía, confirmado por él mismo.
 
Tronco realizó obra pública otorgando contratos a la empresa constructora Unión de Ejidos 25 de Abril, que antes fue su plataforma desde la que reclamaba mejores condiciones para los hombres del campo, pero que devino en un instrumento de riqueza para el hoy diputado y para sus familiares y amigos, pero no para los habitantes de la zona rural, a la que dice representar y a los que usa en cada elección y luego los mantiene engañados con migajas.
 
Tronco hoy presume una mansión de varios millones de pesos, lujosos automóviles, ranchos, caballos finos y se da el lujo de despachar en el estacionamiento del Congreso de Veracruz a bordo de su camioneta Mercedes Benz, provocando un escándalo mediático y la condena popular por la contradicción de ostentarse como un diputado emanado de la zona rural y vivir como un potentado.
 
Theurel, Leopoldo Torres y Renato no fueron capaces de maquillar el saqueo, la corrupción, mucho menos sus desatinos y su manera tan torpe de conducir un ayuntamiento, quedando a la vista el uso ilícito de los recursos públicos y como si fuera una paradoja, el crecimiento de su fortuna personal. Gobernaron para ellos, no para el pueblo. Pero además transgredieron la ley.
 
Lo insólito es que al darse a conocer la lista de municipios veracruzanos con irregularidades financieras, la lista del ORFIS que los diputados del Partido Acción Nacional reclamaban y que les fue negada, no aparezcan ni Coatzacoalcos, ni Minatitlán, ni Las Choapas.
 
Los ilícitos son del conocimiento público, incluso documentado en las páginas de los medios de comunicación, y pese al ORFIS y a las leyes que sancionan con todo rigor la corrupción, la impunidad ha sido el sello que ha distinguido al gobierno de Veracruz y ha creado un paraíso para quienes desde los ayuntamientos hacen mal uso de los recursos públicos y, para colmo, se enriquecen.
([email protected])(@moralesrobert)