El gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, ha invertido una buena parte de su tiempo en tratar de convencer a sus gobernados de que en Veracruz se va recuperando la seguridad, se han desterrado a los grupos delincuenciales de sus áreas de influencia y que los índices delictivos van a la baja.
 
Ha destinado un buen número de sus discursos, incluido su tercer informe de gobierno, a exaltar los logros en materia de seguridad y combate a la violencia. Hizo un diagnóstico de cómo recibir la entidad y cómo revirtió el inmenso problema que amenazaba a los veracruzanos.
 
Duarte reconoció lo que antes se había pretendido minimizar: que el avance de la delincuencia se dio por corrupción de los cuerpos policíaco . Con esa policía, que se entendía de maravilla con el crimen organizado y los delincuentes comunes, no se podía hacer nada.
 
La policía veracruzana, como era de esperarse, no servía de mucho. Sus vínculos con el narcotráfico y otras actividades delictivas eran noticia de todos los días. Estaba infiltrada. Le servía de estacas a los criminales, de informadores, de escudos para burlar la acción de las fuerzas federales.
 
Así se decidió la desaparición de las policías intermunicipales y algunas municipales. Así se fue depurando la Secretaría de Seguridad Pública. Más de 3 mil policías salieron de la corporación y, en acatamiento a las disposiciones del sistema de seguridad pública nacional, sólo los que lograran aprobar los exámenes de aptitud y confiabilidad pudieron permanecer.
 
El dilema para Duarte fue qué hacer con la inseguridad, cómo enfrentarla con una policía corrupta, que ya no protegía a la sociedad sino que actuaba contra ella. Por eso llegó la Naval y el Ejército.
 
Enfrentó los ejecutados y mutilados en Veracruz y Boca del Río. Y luego los del norte, los de Córdoba, los plagios de alcaldes y ex alcaldes, ex diputados, líderes de opinión, periodistas, activistas sociales. Javier Duarte tuvo un inicio de sexenio más que peor.
 
La llegada de las fuerzas federales apaciguó el embate del crimen organizado. No lo acabó. Lo diezmó, lo atomizó, lo esparció por todo Veracruz.
 
La inseguridad sigue. Los plagios continúan. Los levantones a ciudadanos persisten. Se ha intensificado el ataque a migrantes centro y sudamericanos, a quienes obligan a pagar su cuota o son asesinados a bordo del tren en que se trasladan al centro del país.
 
En manos de las fuerzas federales, las poblaciones siguen a merced de los delincuentes que roban y asaltan; los robos a casa-habitación crecen de manera preocupante; se han recrudecido las ejecuciones entre bandas del crimen organizado; los secuestros son el negocio más lucrativo, así como la trata de personas y el tráfico de órganos.
 
2013 fue un año en que se percibió el resurgimiento de la violencia. Con fuerzas federales o sin ellas, el gobernador Javier Duarte ha enfrentado el reclamo de la población por la corrupción policíaca y por los vínculos de los elementos de policía con el crimen organizado.
 
Frente al desastre de seguridad, y por su vulnerabilidad ante los grupos de narcotráfico y el secuestro, algunos sectores de la sociedad optaron por tomar el ejemplo de Michoacán, Guerrero y Oaxaca, y así conformaron grupos de autodefensa o guardias comunitarias. La más célebre fue la del predio El Inglés, en Tlalixcoyan, a unos kilómetros del puerto de Veracruz.
 
Ese episodio exhibió la torpeza de Javier Duarte para el manejo de situaciones de crisis. El gobernador negó una y otra vez la existencia de grupos de autodefensa, los catalogó como ciudadanos que actuaban con máscaras de héroes de caricatura. Y cuando le fue imposible restarle importancia al hecho, recurrió a la amenaza contra el fotorreportero que difundió las imágenes de los guardias comunitarios.
 
Duarte no ha tenido la sensatez para reconocer la gravedad de la inseguridad y conceder la razón a la sociedad cuando decide recurrir a la autodefensa. Su gobierno fue rebasado por la violencia y por la corrupción de los aparatos de seguridad, y de ahí que los grupos de autoprotección, muchos de ellos sin exhibir armas, estén en todo Veracruz, sobre todo en sus zonas serranas, en los ejidos o en las colonias de las cabeceras municipales. Más vale cuidarse solos que esperar a que el gobernador los proteja.
 
En ese contexto, mucha razón tiene el senador José Yunes Zorrilla cuando exhorta a reconocer la violencia, para entonces empezar a combatirla. Se trata del primer paso de honestidad frente a una sociedad cada día más incrédula ante un gobierno tan presuntuoso como inepto.
 
Inevitablemente la ola de violencia e inseguridad que azota en Veracruz, deriva en una sociedad arrinconada por la incertidumbre y el temor. En ese escenario, es lógico que se desaten todo tipo de especulaciones, tales como el que una banda de tenebrosos traficantes de órganos, circulaban levantando y asesinando niños.
 
En las redes la información corrió incontrolable. En las redacciones de los medios de comunicación preguntaban insistentemente sobre la veracidad de la versión.
 
La fuerza del rumor fue tan grande que empequeñeció al gobierno de Javier Duarte. Las redes sociales estaban saturadas de mensajes y se daban por hecho que dos niños aquí, tres niños allá, unos más allá, habían sido levantados en las calles y horas después aparecían en un espectáculo dantesco, sin sus órganos vitales.
 
Era sólo rumor. Pero lo insólito era que los usuarios de las redes sociales y los lectores de periódicos sostenían que la versión era cierta, que sí habían niños plagiados y muertos, y que todo era culpa del gobierno de Veracruz.
 
Oficialmente no hay un solo caso en relación al ataque a niños. La Secretaría de Seguridad Pública, los ministerios públicos, las alcaldías negaron el rumor, pero el fenómeno puso en evidencia la frágil credibilidad del gobierno estatal.
 
Es como el episodio del Chupacabras. Nadie lo vio, nadie fue víctima de él, el gobierno lo negó, nadie aportó una prueba de su existencia. Fue parte de la cultura popular y prueba de que son más creíbles esas mentiras que las verdades que dice el gobierno.
 
Como quien dice, es más fácil creer en un rumor que en el gobernador.
([email protected])(@moralesrobert)