De todas las ocurrencias con que gobierna Javier Duarte de Ochoa esta ha sido la mejor: encarga la Procuraduría de Veracruz a un amigo suyo, abogado, con dos denuncias penales en contra, una por cohecho y otra por lesiones a un agente del Ministerio Público, y pretende que el Congreso le dé su aval.

Luis Ángel Bravo Contreras es el personaje en cuestión, un cordobés de mala fama, con un bufete de abogados que obtiene éxitos dudosos pues hay evidencia plena de que ofrece dádivas a cambio de sentencias a su favor, y cuando no lo logra, se le tira a la yugular al funcionario judicial que le desdeña la oferta.

Su fama, o mejor dicho, su fama de marrullero, no es para enorgullecer a nadie y menos a quien tendrá el encargo de procurarle justicia a los veracruzanos porque así, nomás porque así lo quiere el gobernador, pasando por encima de la sensatez y la mesura, obtendrá el beneplácito de los legisladores. Y después, a cuidarse todos los bolsillos y a contratar una escolta personal.

Duarte suma así otro escándalo. Su recién renunciado procurador, Felipe Amadeo Flores Espinoza, deja el cargo tras el asesinato del periodista de Coatzacoalcos Gregorio Jiménez de la Cruz, plagiado el 5 de febrero, asesinado un día después y hallado su cuerpo el día 11, en una fosa clandestina de Las Choapas.

Amadeo Flores ya venía acumulando varios episodios de descrédito: el asesinato de la corresponsal de la revista Proceso en Xalapa, Regina Martínez Pérez; el seguimiento a los crímenes de otros periodistas, como son Miguel Ángel López Velasco, su hijo Misael López Solana, Yolanda Ordaz de la Cruz, Guillermo Luna Varela, Gabriel Huge, Noel López Olguín, Esteban Rodríguez y Marco Antonio Báez; las múltiples desapariciones de jóvenes y niños en toda la entidad, sin que se resolviera satisfactoriamente la mayoría de ellos; los abusos policíacos y de personal de la Agencia Veracruzana de Investigaciones, cuyas denuncias ante los ministerios públicos permanecen estancadas; la oleada de delitos en todo Veracruz, sin hallar culpables y cuando los presentan se trata de culpables fabricados, y a últimas fechas el plagio y ejecución del joven cantante Gibran Martiz Díaz, famoso por su participación en el reality show de Televisa La Voz México, en el que están implicados siete elementos de Seguridad Pública.
 
Amadeo Flores tenía buenas razones para irse de la Procuraduría, pero el gobernador, según versiones periodísticas, le había rechazado la renuncia hasta en tres ocasiones. La manipulación del caso Gregorio Jiménez, el empeño en decir que lo mataron por venganza personal y no por lo que escribía, precipitó una renuncia que era esperada desde hacía tiempo.

Javier Duarte pudo haber revitalizado la Procuraduría. Pudo pero no quiso. Prefirió llamar a uno de sus cuates para asumir esa función y su descabellada opción fue Luis Ángel Bravo Contreras, que es, como dice su nombre, bravo y contreras a la ley.

Quien mejor lo describiera cuando aspiraba a asumir la presidencia del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, donde el cordobés también fue un cero a la izquierda, fue la periodista Claudia Guerrero Martínez, autora de la columna Entre lo Utópico y lo Verdadero y directora del periódico Veraz. Ella reveló el 10 de julio de 2011 un episodio gris, tirando a negro, digno de un delincuente del bajo mundo, que tiene que ver con su solvencia moral, con su ética y con su concepto de la ley y el derecho.

De acuerdo con Claudia Guerrero, el citado Luis Ángel Bravo Contreras fue cuestionado en el Congreso de Veracruz cuando acudió a la pasarela de aspirantes a la presidencia del IVAI. Ahí le sacaron sus trapos. Le exhibieron que tenía en su haber dos denuncias, una por cohecho y otra por ultrajes a la autoridades, derivada de una golpiza que mandó a ejecutar contra un agente del Ministerio Público.

Los legisladores le documentaron que en mayo de 2011, Bravo Contreras representaba a Julián Loranca en la disputa de un predio. Hubo un intento de soborno hacia el agente del MP, hoy titular en Fortín de las Flores, Rodolfo Díaz Ramírez. Éste se negó a recibir dádiva alguna. En cambio, Julián Loranca fue encarcelado bajo cargos de fraude.

Entonces uno de los guaruras del hoy virtual procurador de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, agredió al agente del MP.

Por el intento de soborno, fue abierta la investigación ministerial FESP/145/2011/I, y por lesiones, amenazas y ultrajes a la autoridad la 148E/2011. Ambas implicaban a Bravo Contreras. Se trata de delitos que se persiguen de oficio. O sea, aunque los acusadores se retracten, las indagatorias deben continuar y consignar al señalado ante el juez respectivo.

El 28 de junio de 2011, los diputados locales cuestionaron al aspirante a presidente del IVAI. Uno de ellos le preguntó sobre su situación jurídica y le recordó que tenía en un su historial las dos denuncias con los cuatro delitos por enfrentar. Eso incomodó al Bravo Contreras. Pidió tiempo para aclarar las cosas.

Dos días después, el 30 de junio, dos instancias de la Procuraduría le allanaron el camino hacia el IVAI. María del Rosario Zamora González, MP adscrita a la Dirección de Investigaciones Ministeriales, le remitió el oficio número DGIM/MP15/1244/2011 relativa a la acusación por lesiones, amenazas y ultrajes a la autoridad y le notificó el “no ejercicio de la acción penal.

Un día más tarde, el 1 de julio, mediante el oficio 312, la maestra Virna E. Frizzi Quirasco, agente del MP Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, receta la misma fórmula en el caso de la denuncia por cohecho: el “no ejercicio de la acción penal”.

Ambos documentos contienen la misma redacción. Sólo cambian quienes los suscriben y están fechados con un día de diferencia, aunque los dos son posteriores a la entrevista de Bravo Contreras con los diputados en el Congreso de Veracruz para lograr su aval para acceder a la presidencia del IVAI.

Es evidente que Javier Duarte metió las manos para barnizarle la imagen a su cuate y así llevarlo al IVAI donde por cierto se ganó a pulso el mote del rey de la opacidad y ocultando información a la sociedad que requería saber sobre los asuntos públicos, ha llevado a Veracruz a un nada célebre primerísimo sitio en falta de transparencia.

Claudia Guerrero lo califica de “peleador callejero” y cita además otro hecho aberrante: Bravo Contreras acusó a su mamá y pretendió encarcelarla por unos bienes en disputa. Así anda la ética del encargado de la Procuraduría de Veracruz.

Javier Duarte supone que gobernar es jugar. Y entre sus juegos está el del influyentismo que tanto agravia a la sociedad, porque es el punto de partida hacia la impunidad.

Muestra de esa perversión es la manipulación de la ley y el agravio a quienes denuncian. Bravo Contreras enfrentaba dos denuncias, una por cohecho cuando quiso sobornar a un agente del MP, y la segunda por lesiones, amenazas y ultrajes a la autoridad al enviar a uno de sus guaruras a agredir a ese agente del MP que se negó a recibirle las dádivas y por haber encarcelado al cliente del hoy procurador en funciones.

La propuesta de Bravo Contreras para la Procuraduría de Veracruz es una bomba de tiempo para el Congreso estatal. Con los antecedentes, mal harían los diputados locales en sumarse a esta locura. Sería un error mayúsculo y dejaría la procuración de justicia en manos de quien gusta de torcer la ley.
([email protected])(@moralesrobert)