“No se crean esos chismes”, le dijo a la prensa el gobernador Javier Duarte de Ochoa cuando le preguntaron si el secretario de Educación, Adolfo Mota Hernández había sido llamado a cuentas por su contraparte federal, Emilio Chuayffet Chemor.
 
Flotaba en el ambiente aquello de que la armonización de la Ley de Educación estatal iba en contra de la reforma educativa y de las leyes reglamentarias; que se opone a las acciones punitivas, los castigos y sanciones a aquellos docentes y personal administrativo que no aprueben las evaluaciones y a la posibilidad de ser separados del cargo o ser readscritos en otros sitios de residencia.
 
Decía Duarte que aquello eran chismes, pero faltaba a la verdad. Mota fue llamado, le leyeron la cartilla, lo obligaron a recular y sujetarse a la reforma educativa y a sus alcances en los términos propuestos por el Presidente Enrique Peña Nieto.
 
No es un asunto menor. Se trata de una ley fundamental, la de educación, con la que Peña Nieto encaró su conflicto más agudo, enfrentó al magisterio –y lo sigue enfrentando— y en una “entidad del Golfo”, como dijo el secretario de Educación, se había faltado al texto constitucional y a sus leyes secundarias, aprobadas por el Congreso Federal.
 
Difícil de entender pero no imposible. En la óptica del gobernador de Veracruz se ve más claro su compromiso con los líderes magisteriales charros, que con el Presidente de México.
 
Pretende evitar más colapso —maestros disidentes en las calles, con la protesta en la boca y en la pancarta, bloqueando carreteras, dejando sin clases a miles de alumnos— que tener que enfrentarse a Juan Nicolás Callejas Arroyo, supuesto líder moral del magisterio veracruzano, cuyo nivel de influencia ha quedado hecho trizas, pues no a diario a un líder lo denuncian por enriquecimiento, lo insultan, lo hacen correr y lo desconocen.
 
Ahí radica el dilema de Javier Duarte. En los términos en que se plantea la reforma educativa, el sistema de evaluación, el riesgo de pérdida de empleo, la posibilidad de readscribir al personal que repruebe los exámenes a cualquier área, incluso fuera de su lugar de residencia, el gobernador de Veracruz y los charros de Callejas saben que van a enfrentar de nuevo una protesta generalizada, las carreteras bloqueadas y el caos en toda su expresión.
 
Y es ese dilema que no quiere encarar el gobernador de Veracruz.
 
Por ello sucumbió a la presión del magisterio veracruzano que le reclama el abandono en que tiene la infraestructura educativa y su complicidad con el cacicazgo de Juan Nicolás callejas Arroyo. Y ello lo forzó a estructurar La Ley de Educación de Veracruz con parámetros meramente políticos por lo que hoy se encuentra al borde de enfrentar una demanda por controversia constitucional.
 
Duarte quedó bien con el magisterio disidente y con Juan Nicolás Callejas, pero quedó mal con el Presidente Peña Nieto.
 
Su armonización educativa pasó por el Congreso de Veracruz. Ahí, los legisladores del PRI y sus satélites la aprobaron sin leerla. Brincó la oposición; el PAN la dejó pasar con objeciones; el Partido del Trabajo la rechazó; Movimiento Ciudadano la cuestionó. Y al final del camino, los priistas la echaron a andar.
 
Pudo promulgarla el gobernador Javier Duarte, pero fue cuando Chuayffet exhibió el colmillo que lo distingue. No habló de Veracruz pero sí de una “entidad del Golfo” que estaba violando los principios, la esencia, de la reforma educativa. Y ahí se vino abajo el teatro.
 
Mexicanos Primero, una de las organizaciones impulsoras de la reforma educativa, advirtió elementos de inconstitucionalidad entre los cuales destaca la negativa a sancionar a los maestros que sin causa justificada dejaran de dar clases, benevolente con quienes “suspenden clases en días y horas no autorizados por el calendario escolar aplicable sin que medie motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor”.
 
El artículo 8 transitorio refiere que el trabajador de servicio educativo “no será separado de la función pública y será readscrito para continuar en otras tareas dentro de dicho servicio, conforme a lo que determine la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado correspondiente, o bien, se le ofrecerá incorporarse a los programas de retiro que se autoricen”.
 
Acusados de legislar al vapor, a ciegas, sobre las rodillas, los legisladores del PRI pretendieron justificar la metida de pata de su jefe político. Guadalupe Ingram Vallines, presidenta de la mesa directiva del Congreso, refirió: “Ha sido una ley de mucho consenso, de mucho estudio, de mucho trabajo donde hay que destacar esta gran labor; claro que está apegada, es una armonización que está apegada y en consenso”. ¿Veinte horas es mucho tiempo para legislar?
 
La amenaza de ventilar el caso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación es letal para Duarte. Chuayffet ha esbozado que presentará una controversia de inconstitucionalidad. Y si Chuayffet lo plantea así equivale a que Peña Nieto está enfrentando a Javier Duarte.
 
Ante la magnitud del conflicto, el Congreso de Veracruz ya comienza a recular. La diputada Jacqueline García dice que el problema no es la evaluación sino que la ley federal no especifica que el trabajador que no apruebe las tres evaluaciones a dónde será readscrito, mientras que la ley estatal dice que se queda a trabajar en Veracruz. Un reto político.
 
Asegura que para evitar una controversia constitucional, se le harán ajustes a la ley estatal, que había sobrepasado a la ley federal al crear el Instituto Veracruzano para el Desarrollo Profesional y la Evaluación Educativa, cuando ya se tenía un Instituto Nacional de Evaluación. Pero de sancionar a quienes no aprueben las evaluaciones, nada.
 
Era evidente la intención de Javier Duarte. Armonizaba sin armonizar. Quería quedar bien con Callejas y su gavilla de pseudolíderes aplacando a la disidencia con una ley “light”.
 
Pueden más los arreglos del gobernador que la lealtad que tanto presume tenerle a Peña Nieto.
([email protected])(@moralesrobert)