Entre el procurador Luis Ángel Bravo Contreras y la sociedad veracruzana hay un serio problema de percepción: él cree que en 90 días tendrá resultados y el pueblo piensa que en 90 días el desastre será mayor.
 
Por lo pronto, van 41 días desde que asumió la Procuraduría General de Justicia de Veracruz y sus dos encomiendas planteadas están al borde de la crisis, pues ni hay eficiencia para combatir el delito ni mejora la imagen de la dependencia, sino que la hunde en un pantano de sospechas.
 
Bravo Contreras está ahí porque se lo pidió su amigo Javier Duarte de Ochoa y porque es un ególatra consumado. Es decir, es un beneficiario del influyentismo que tanto repudio provoca y se aprovecha de su relación con el gobernador para manejar la Procuraduría a su antojo, como si fuera la casa de la vanidad.
 
Sin perfil, ni vocación en la impartición de justicia, sino más bien con antecedentes de negociar con ella a base de chantajes, Bravo Contreras no solamente evidencia ineficacia sino que exhibe vergonzosamente al ejecutivo estatal, en casos como el de los desaparecidos en torno al crimen del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz.
 
Bravo Contreras no llegó a la Procuraduría como una más de las chiripadas de Duarte, aunque así lo pareciera. Está ahí por las necesidad de colocar en ese puesto a un incondicional que no tenga empacho en hablar maravillas del tema de la procuración de justicia, aunque los hechos lo desmientan, que su tarea sea ineficaz, que no cuente con elementos humanos de fiar,  que haya un déficit de armas y herramientas, y que falte voluntad para investigar a fondo, sin caer en la corrupción.
 
Si hoy se hiciera, la PGJ de Veracruz no soportaría una minuciosa auditoría de la manera en que se han aplicado los recursos destinados desde el sexenio de Fidel Herrera Beltrán hasta el de Javier Duarte de Ochoa.
 
Dicho por los propios agentes de la corporación, es de sobra conocido el cinismo con que los altos mandos, bajo las órdenes de dos gobernadores, suelen mandar limpiar las patrullas y armas para que “queden rechinando” y puedan ser presentadas para la foto de rigor como “las nuevas adquisiciones”. O sea, gato por liebre.
 
La Procuraduría dispone de un presupuesto anual cercano a los mil millones de pesos. Debieran ser recursos para hacer justicia. Una buena parte se va en el maquillaje de la imagen de su titular. Esa buena parte, a partir del sentimiento adverso que provoca la PGJ en la población, está siendo tirado a la basura.
 
Otros recursos, los de carácter extraordinario, que son gestionados para la compra de armamento y unidades vehiculares, desaparecen en el camino. Y aquí también se repite la escena: las patrullas y armas captadas en fotografías y video y luego publicitadas en los medios de comunicación, son presentadas como nuevas aunque se trate de equipo usado.
 
Aunado a lo anterior, desde hace seis meses un grupo de jóvenes profesionistas se enlistó y capacitó para ser llamados a formar parte de las filas de la AVI. No obstante, hasta el día de hoy, de lo único que siguen formando parte es del ejército de desempleados, porque ninguna llamada han recibido para integrarse a este cuerpo policíaco.
 
Luis Ángel Bravo Contreras lleva 41 días como procurador. No da resultados pero, eso sí, le gusta acicatear a su gente. Públicamente les ha fijado un plazo a sus agentes y altos mandos para dar resultados. O funcionan en un máximo de 90 días, o los echa a la calle. Lo peor es que casi está a la mitad del tiempo fijado y la PGJ está en decadencia, bajo sospecha, sin que sean creíbles sus golpes a quienes infringen la ley, y cada vez son más las voces que exigen auditorías que esclarezcan a donde han ido a parar cientos de millones de pesos de presupuesto.
 
Los resultados hablan por sí solos. En las últimas cinco semanas, poco más de un mes, se han cometido ocho homicidios en la zona sur de Veracruz y de ellos ninguno ha sido esclarecido. Así lo reconoce el subprocurador, Ricardo Carrillo Almeida, quien se justifica con aquello de que para actuar, primero hay que investigar.
 
O sea, despacio que soy lento. O lo que es lo mismo, justicia que no es expedita, no es justicia, como dice la máxima jurídica.
 
Algo no funciona en el gobierno de Veracruz. Javier Duarte dice que los delitos van descendiendo y el subprocurador Carrillo Almeida asegura que la cosa es calmada.
 
En cambio, el Observatorio Ciudadano de Coatzacoalcos tiene en su estadística 12 homicidios, según el registro correspondiente al mes de marzo, en la zona sur. Considera que hay un incremento, tan solo en los que corresponden al fuero común, entre ellos robo a comercios, a casa-habitación y de vehículos, con respecto a febrero de este año.
 
Otro punto es la opacidad. La Procuraduría de Veracruz, desde la llegada de Luis Ángel Bravo Contreras, se comporta de manera selectiva con el manejo de la información, llevándose entre las espuelas al propio gobernador Javier Duarte, pues en una visita del mandatario a Córdoba fue abordado por los familiares de un joven secuestrado que le pidieron ayuda para hallarlo. Duarte desconocía del tema y evidenció su malestar pues su cuate, el procurador, se la pasó de noche.
 
Luis Ángel Bravo había sido cuestionado por haber designado a dos mandos navales al frente de dependencias de la PGJ. Uno de ellos, Rogelio Gallegos Cortés, ingeniero de profesión, pasó a ocupar la titularidad de la Agencia Veracruzana de Investigaciones, sin ser abogado, requisito que marca la ley.
 
Ahora nombra a Alberto Linares Vernet como coordinador de MP especializados en delitos cometidos por servidores públicos. Se trata de una fiscal que proviene de la Procuraduría General de la República.
 
Sin embargo, ese día expresó que todos los nombramientos tienen fecha de caducidad. Si en 90 días no dan resultados se van.
 
Y la pregunta de todos es si pasados los 90 días, el que no da resultado es Bravo Contreras, ¿también se va?

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