Por supuesto que hay algo peor que el miedo. Es la impunidad. Y no viene sola, no es espontánea, no es casual. La impunidad deriva de la omisión y de la complicidad, del silencio de la autoridad, de la indiferencia del policía o del negocio en el que confluyen quienes delinquen y quienes los dejan delinquir.
 
Esa impunidad en el asunto de los migrantes se viene acrecentando por la indiferencia del gobierno que cierra los ojos ante la violencia de que son objeto los indocumentados que viajan hacia Estados Unidos en busca del “sueño americano” y que termina siendo la pesadilla mexicana.
 
A diario hay extorsión. Trepados en el lomo de “La Bestia”, los migrantes ven llegar a las bandas de delincuentes y con ellos, el infierno de terror que les imponen. Unos son agredidos; las mujeres, violadas; unos más arrojados del ferrocarril en marcha para ser descuartizados por sus ruedas. Quien no paga los 100 dólares que le exigen en cada tramo de su trayecto, corre el riesgo de morir.
 
Tabasco, Veracruz y Chiapas son tres estados críticos en materia de migración ilegal. Diversos organismos no gubernamentales, medios de comunicación y periodistas independientes, han denunciado puntualmente que sus zonas limítrofes entre las tres entidades son de alta impunidad y violencia contra los indocumentados.
 
La respuesta del gobierno de Tabasco ha sido el silencio y la omisión, mientras que el de Veracruz se pavonea con acciones y medidas que en realidad no se aplican y, aún peor, pretende lavarse las manos culpando a la empresa ferroviaria por permitir que los migrantes se monten en el lomo de “La Bestia”.
 
Como Poncio Pilatos, Arturo Núñez Jiménez y Javier Duarte, gobernadores de Tabasco y Veracruz, se lavan las manos y dejan que el problema se agrave. A la violencia reiterada le sigue la impunidad por la falta de aplicación de la ley, ya sea por omisión o porque los delincuentes están coludidos con la autoridad.
 
Los lamentables sucesos de la noche del miércoles 9 de los corrientes, en el que dos migrantes hondureños fueron asesinados y una decena más fueron lesionados y violentados sexualmente, confirmaron lo que aquí, en ZONA FRANCA, como desde diversas organizaciones no gubernamentales, se ha venido repitiendo: que la frontera Veracruz con los estados de Tabasco y Chiapas es la zona dorada de los grupos delincuenciales que extorsionan, roban, ejecutan  y trafican con migrantes.
 
La violencia contra los indocumentados cada vez es peor. En consecuencia, la respuesta lógica de un gobierno dispuesto a cumplir con la responsabilidad que le atañe hubiera sido la de instalar módulos de seguridad y recorridos permanentes en las vías para contener la ola de agresiones contra estas personas que se ven obligadas atravesar por nuestro país cuando huyen de la pobreza y de la situación que se vive en esos países —Guatemala, Honduras y El Salvador, principalmente— considerados de la más extrema violencia a nivel mundial.
 
Pero no. Ni recorridos ni módulos. La policía brilla por su ausencia. Se deja al migrante a merced del hampa. La inseguridad ha rebasado a las instituciones y en el colmo del descaro, lo que único que hace el gobierno de Veracruz, es presumir a través de boletines oficiosos la labor humanitaria que realizan organizaciones civiles como las Patronas en Orizaba que fueron galardonadas por su labor por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que reciben la ayuda de ciudadanos y estudiantes que se unen diariamente a su tarea de proporcionar comida y alojamiento a los hermanos centroamericanos.
 
El estado fallido tiene su rostro en el gobierno de Veracruz. Javier Duarte no atiende el problema migrante; no genera condiciones de seguridad; no ataca a las bandas criminales que extorsionan, agreden o matan, pero en cambio, incurre en la fanfarronería a través de la Procuraduría de Justicia estatal, que hoy instrumenta una denuncia contra la empresa ferroviaria.
 
Legalmente, esa denuncia, es el hazmerreír dentro y fuera del estado, porque al ser tan endeble solo servirá para que se conozca más allá de nuestras fronteras cómo se las gasta el gobierno duartista para tratar de esquivar sus responsabilidades.
 
El episodio de “La Bestia” en Huimanguillo, Tabasco, nos da algunas lecturas. La mañana del jueves, el tren asaltado fue trasladado a la estación Tancochapa, ya en el municipio de Las Choapas. La policía bajó a los migrantes —más de 200—, cateó el tren, halló armas, varias pistolas y machetes, y comenzó a deslindar responsabilidades. Las víctimas hablaron e identificaron a los delincuentes, que se habían mezclado entre la gente para no ser señalados.
 
Hablaron de agresiones sexuales y de los dos asesinados, de la sangre fría con que actuaron. También acusaron a trabajadores de “La Bestia” de ser cómplices, de disminuir la velocidad del tren para ser abordado a plomo y sangre por los rufianes. Y señalaron a miembros de una policía auxiliar del estado de México, que presta servicios a la empresa ferroviaria de estar involucrados.
 
De ahí se prende el gobierno de Veracruz para legitimar su denuncia contra la empresa ferroviaria. En cambio, los familiares de esos policías privados acusan incomunicación y temen que los hayan torturado para incriminarlos.
 
Sea cierta o no esa complicidad, los gobiernos de Tabasco y Veracruz han incumplido en su tarea de brindar seguridad a los migrantes. Se carece de un programa de vigilancia y protección; no hay policía a bordo de los trenes ni un sistema de comunicación que permita implementar un operativo para salvaguardar a los indocumentados, ni acciones para detener a las mafias de delincuentes extorsionadores.
 
Tras un suceso violento, viene una ola de declaraciones. Que si se va a actuar, que si se llegará hasta las últimas consecuencias, que si el que la hace la paga. Y después, nada. A esperar otro hecho de violencia para volver al discurso de siempre. Y a prometer que no habrá impunidad.
 
Y eso es justamente lo que define la política del gobierno: lavarse la manos y no aceptar que el problema es de corrupción oficial.

([email protected])(@moralesrobert)