Cecilio Aguirre Córdoba no estuvo en “La Bestia”. No portaba arma alguna. No tenía permiso oficial para hacerlo. No era custodio del tren. Tampoco asaltó, secuestró o extorsionó a ningún migrante. Y hoy, porque así lo quiere el gobernador Javier Duarte de Ochoa, está acusado de ser parte de la banda delincuencial que ataca y asesina indocumentados.

Cecilio es uno más de los cientos o quizá miles de ciudadanos acusados de delitos que no cometieron. Acusado para justificar que en Veracruz se combate a la delincuencia. Acusado, siendo inocente, para abatir la cifra de crímenes impunes.

Su historia refleja que el gobierno de Veracruz tiene un empeño: responsabilizar a las empresas ferroviarias de los ataques a los migrantes, así como lo hace con el resto de la población.

Cecilio tenía tres meses de haberse contratado en la empresa que da seguridad a los trenes de Ferrosur. Su trabajo lo hacía en la estación de Tancochapa. Vigilaba sin arma y no se le había asignado trabajo alguno a bordo del ferrocarril.

Por eso es absurdo que se le impute que formaba parte de quienes asaltaron “La Bestia” la madrugada del jueves 12. Nadie puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Y nadie le puede probar que haya ayudado a los malvivientes que atacaron, violaron y asesinaron migrantes porque se resistieron a pagar cuota.

Existen fotografías que evidencian que Cecilio Aguirre estuvo en la estación Tancochapa, que se quedó a custodiar la locomotora que traía varios impactos de bala y al maquinista herido en el poblado Francisco Martínez Gaytán. Los reporteros de diario Presencia ahí lo vieron y hablaron con él. El director de la policía municipal, Wilfrido López Vicente, también dialogó con él.

Julio César Rosado Alamilla, otro custodio, estaba de descanso. Dormía cuando, pasada la medianoche, recibió una llamada de su jefe inmediato. Lo instaba a acudir al poblado Gaytán, debido al asalto al tren y los hechos de sangre en que dos migrantes fueron asesinados. Abordó una grúa y llegó al lugar.

Ahí estaba cuando la policía estatal realizó una redada. Varios migrantes señalaron a quienes los habían asaltado y matado a dos indocumentados. También dijeron que policías participaron en el ataque. Primero involucraron a elementos de la SSP, luego rectificaron. Después señalaron a dos miembros de la policía privada que custodia el tren.

Al estilo de Pancho Villa —“mátenlos y luego viriguamos”—, la SSP detuvo a seis custodios de la empresa privada encargada de la seguridad a bordo del tren. Los policías detenidos son: Juan Carlos Celaya Rivera, Gilberto Zárate, Manuel Santos Cruz, Julio César Rosado Alamilla, José Manuel García Hernández y Cecilio Aguirre Córdoba. También lo hizo con ocho indocumentados acusados de extorsionar, violar y asesinar migrantes a bordo de “La Bestia”.

El caso no es menor. Con el ataque a los migrantes, la madrugada del jueves 12, el gobernador Javier Duarte pretende justificar su embestida legal contra Ferrosur, a la que acusa de ser responsable del ataque a los migrantes a bordo de “La Bestia” por falta de vigilancia.

De ese caso se agarra Javier Duarte para enfrentar la oleada de críticas que ha recibido por haber denunciado penalmente a las empresas ferroviarias, entre ellas Ferrosur, integrante del Grupo México, uno de los consorcios más poderosos del país, encabezado por Jorge Larrea.

El caso, además, es un reflejo del gobierno atropellado de Javier Duarte. El gobernador presume que Veracruz ostenta el primer lugar en captura y desmantelamiento de bandas dedicadas al secuestro, lo que implícitamente habla del gravísimo nivel en que se halla nuestra entidad en la industria del plagio en el contexto nacional.

Dice Duarte que en 49 días se ha detenido a 541 delincuentes asociados al abigeato, secuestro, asalto, violación, pederastia y extorsión; que se han desmantelado 10 bandas dedicadas al secuestro y otras tres involucradas en abigeato, pederastia y extorsión.

Las cifras son lo de menos. Lo que hay detrás es lo importante. Duarte presume cifras que en realidad revelan que Veracruz está inmerso en la criminalidad. El sur del estado se ha convertido en el patio trasero de la prosperidad, una zona donde lo único que prospera es la impunidad y la injusticia.

Los narcotraficantes y secuestradores, muchos de ellos amparados por los cacicazgos políticos, deambulan por los pueblos como Juan por su casa, mientras que con la desfachatez que lo caracteriza, Javier Duarte presume que su gobierno es líder en captura de secuestradores, igual que su policía es una de las mejores del país.

Incongruente, pues, cómo se puede tener la mejor policía, si al mismo tiempo el estado está infestado de delincuentes.

Bajo esa misma lógica es evidente que si la delincuencia crece y la supuesta captura de éstos también, podemos presumir que Veracruz es un estado donde las cárceles se están llenando de inocentes, y a los que no detienen los desaparecen.

Uno de esos casos fue el de los levantados de Las Choapas tras el crimen del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz. Se los llevaron y dos semanas después aparecieron por casualidad en un camino cercano a Isla, Veracruz, casi al borde de la locura por el grado de tortura al que fueron sometidos. Las sospechas recaen sobre integrantes de la Agencia Veracruzana de Investigaciones, pero en ese punto el gobernador ya no quiso avanzar y prefirió dar carpetazo.

Diariamente son detectadas fosas clandestinas y en ellas gente que desapareció misteriosamente. En Agua Dulce, en la colonia El Naranjal II, se confirmó el hallazgo de tres cuerpos. Llegó la policía, después el Ejército y la Marina, y la zona fue resguardada.

Por las implicaciones que tiene, el caso se manejó de manera hermética, sin grandes aspavientos, pues se presume que los responsables de las muertes e inhumación clandestina fueron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.

Javier Duarte no va más allá, pese a las constantes denuncias de que sus corporaciones se dedican a levantar inocentes, torturarlos, matarlos y desaparecerlos. Pero como los señalados son de casa, no se aplica la justicia.

Esa es la realidad de Veracruz. El crimen avanza, los inocentes llenan las cárceles y el gobernador Javier Duarte se pavonea con cifras de aciertos que nadie cree.
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