Regina y Goyo no se conocieron. Ella sacudía a México con sus denuncias sobre la corrupción, el abuso de poder, la pobreza y el avance del crimen organizado en Veracruz, y él no dejaba pasar una nota de su pueblo, Villa Allende, sobre la inseguridad, la violencia y la presencia de la delincuencia en la vida de todos. Y aunque no se conocieron, una y otro murieron asesinados por hacer periodismo y hacerlo bien.
 
Regina Martínez Pérez escribía para la revista Proceso, era su corresponsal en Veracruz y tenía la etiqueta de incorruptible. Documentaba casos explosivos, entre ellos los vínculos de la policía con el crimen organizado, los comandantes y elementos de tropa que servían a los grupos del narcotráfico, descubiertos en plena faena y consignados a la autoridad.
 
Regina Martínez le dio dimensión a la muerte del asesor campesino Ramiro Guillén Tapia, quien se inmoló en el parque Lerdo, frente al palacio de gobierno de Xalapa, cuando por enésima ocasión le cancelaron a los ejidatarios de Soteapan una cita para dilucidar adónde iban a parar una vez que el Tribunal Agrario ordenó el desalojo de su tierra.
 
Regina habló del “huracán Fidel” cuando en un amplio reportaje en Proceso reveló a México algo que sólo un sector de la prensa veracruzana había difundido: el boquete financiero de Veracruz, ocasionado por el despiadado endeudamiento ordenado por el ex gobernador Fidel Herrera Beltrán.
 
Documentó las desapariciones forzadas de personas a manos de la policía y el Ejército, en acciones que simulaban operativos anticrimen pero que terminaban siendo ejecuciones sumarias, precedidas de sesiones de tortura contra inocentes. Una vez asesinadas las víctimas, eran rociadas de bala para hacer el montaje de que perecieron en un enfrenamiento y se les criminalizaba para encubrir el descomunal abuso de autoridad.
 
Hizo lo que pocos, cuando presentó evidencia de que a la indígena de la tercera edad, Ernestina Ascensión, en la sierra de Zongolica, la violaron militares y eso devino en su muerte. Acreditó que así lo constataron los médicos legistas que realizaron la necropsia. Evidenció al ex gobernador Fidel Herrera Beltrán, que maniobraba, corría personal del Servicio Médico Forense, mentía en los medios de comunicación tratando de encubrir al Ejército, y terminó denunciándola penalmente cuando la revista Proceso publicó la fotografía de la autopsia de Ernestina Ascensión.
 
Regina Martínez fue asesinada hace dos años, el 28 de abril de 2012. La hallaron en el baño de su casa, en Xalapa. Presentaba golpes en el cuerpo y huellas de haber sido ahorcada, como finalmente confirmó el Semefo.
 
Su muerte sigue impune. El gobierno de Javier Duarte, que ofreciera esclarecer el caso, ha vivido dos años en medio del escándalo nacional y mundial. Se le acusa de ser enemigo del periodismo independiente, de perseguir a las voces críticas, de comprar a una parte de la prensa para maquillar la pobreza, la violencia, la falta de democracia, y sobre todo, de haberse convertido en uno de los estados más peligrosos para ejercer el periodismo.
 
Su muerte permanece en la impunidad porque el gobierno de Veracruz fabricó un culpable, Jorge Antonio Hernández Silva, alias “El Silva. Confeso bajo tortura, lo condenó. “El Silva” apeló la sentencia de 38 años y ganó. El Tribunal Superior de Justicia lo liberó por las múltiples violaciones al proceso y a sus garantías individuales. Pero hoy, con un juicio de amparo, Javier Duarte espera encarcelar de nuevo a “El Silva” y dar por cerrado el caso.
 
Gregorio Jiménez de la Cruz es un caso más local. Goyo no era corresponsal de ningún medio nacional. Goyo cubría información policíaca para tres medios: Liberal, Notisur y La Red.
 
Su especialidad eran los hechos delictivos, pero también el clima de zozobra, el miedo en que vive la población de Villa Allende, congregación del municipio de Coatzacoalcos, donde vivía.
 
Goyo Jiménez, con su cámara fotográfica al hombro, con su libreta y grabadora en la mano, a bordo de su motocicleta con que se trasladaba al lugar del crimen, al accidente, al siniestro, reflejaba los niveles de violencia cada vez mayores en el sur de Veracruz.
 
Amigo de agentes del Ministerio Público, de policías, de abogados, tuvo siempre información de primera mano. Llevaba el registro puntual de lo que interesaba a sus lectores por encima de los intereses de los dueños de comunicación para los que trabajaba.

Goyo era un periodista nato. Aprendió el oficio en las redacciones. Escuchaba consejos y los aplicaba de inmediato. Era un relator de la inseguridad y de la violencia.

Goyo Jiménez era un periodista honesto que vivía en la pobreza, que no tomaba dinero que lo ensuciara o embute que lo amordazara. Por eso trabajaba en tres medios, a 20 pesos la nota, y cuando no tenía suerte, pedía prestado para cruzar el río Coatzacoalcos y regresar a su Villa Allende.

La mañana del miércoles 5 de febrero un comando llegó a su casa. Lo levantó. Seis días después, su cuerpo fue hallado en una fosa clandestina, en la colonia J. Mario Rosado, en el municipio de Las Choapas. Según dijeron las autoridades, lo ejecutaron y mutilaron al día siguiente de su secuestro, el jueves 6.

Su muerte fue el despertar de la prensa a nivel mundial. Marcharon por las calles cientos de periodistas y defensores de los derechos humanos. Pidieron justicia, pidieron que lo entregaran vivo, pidieron que el gobierno de Javier Duarte garantizara su vida. Marcharon en Veracruz, en México y en todo el mundo. Se hicieron videos en España, en Argentina, en Centroamérica, en Estados Unidos, y en su tierra, en Coatzacoalcos.

Regina y Goyo provocaron que la prensa enfrentara al gobierno, que le recordara que la seguridad a la sociedad es responsabilidad de quienes mandan, que para evitar la impunidad hay que aplicar la justicia, que el pueblo no admite que entre criminales y gobierno haya complicidad.

Regina —hoy dos años de su muerte— y Goyo eran dos piedras en el zapato del corrupto gobierno de Veracruz, pues con sus notas y reportajes evidenciaban un sistema sumido en el fango de las complicidades; un sistema que ordenando su muerte cometió el peor de los errores y que por la falta de justicia, hoy hunde al gobierno de Javier Duarte en la mayor incredulidad.

Hoy, el gobierno de Javier Duarte se sacude de nuevo. Recibe formalmente el informe del caso Goyo Jiménez, elaborado por la Misión de Observación, de Periodistas de a pie y de colectivo Prensa No Disparen. En él se señalan las inconsistencias del expediente, las pifias de la Procuraduría estatal, las lagunas por las que los inculpados del levantón y asesinato pueden hallar una rendija para evadir a la justicia, la indiferencia de la PGR y su negativa a atraer el caso.

 Cuando se conmemoran dos años del asesinato de Regina Martínez, la prensa vuelve a increpar, esta vez por Goyo Jiménez, al gobernador Javier Duarte.

([email protected])(@moralesrobert)