Al frente del grupo, la maestra le pide a sus pequeños alumnos de primaria que cierren los ojos, mientras ella eleva una súplica para rogar que ese día la violencia no llegue a su vida ni a las de sus familias. Que no sigan arrebatando a los pequeños de las escuelas para convertirlos en sicarios o para asesinarlos.

Es la primera labor que cientos de maestros y maestras realizan al entrar en el aula escolar. Es el día a día, en una escena que se repite en miles de escuelas de Honduras y el Salvador.

A merced de la violencia sin límites de las pandillas de la Mara 18 y la Mara Salvatrucha –cuyos integrantes suman decenas de miles y que ambas están enfrentadas a una guerra a muerte-, Salvador y Honduras, están considerados como los países con el más alto índice de violencia a nivel mundial.

Los últimos días del pasado mes de abril una serie de asesinatos de niños entre los 7 y 13 años de edad –que también fueron torturados por negarse a pertenecer a las pandillas-, en San Pedro Sula, Honduras, encontró una íntima incidencia con una serie de hechos que se registraron en los estados de Veracruz y Tabasco.

La represión en contra de unos 300 migrantes hondureños y salvadoreños –en su mayoría- en el municipio mexicano de Emiliano Zapata del estado de Tabasco pudo haberse fraguado desde el 29 de abril, en el municipio de Minatitlán, Veracruz, en un conclave donde estuvo presente el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.

En aquellos países centroamericanos, las pandillas sacan a los niños de las escuelas para obligarlos a ser parte de esos grupos delincuenciales. Si se niegan los torturan hasta la muerte, para luego descuartizarlos. A las niñas las violan por montón y si se niegan a sus caprichos, las asesinan. De ese brutal escenario, aunado a la infinita corrupción gubernamental comparada con la que vivimos en México, es de la que huyen miles de familias salvadoreñas y hondureñas. Una gran mayoría de ellos no solamente quieren llegar a los Estados Unidos, sino que toman como opción quedarse en nuestro país, con salarios de hambre y a manos de explotadores, pero sin los niveles de violencia de sus países.

El viaje en La Bestia, como llaman al tren que parte de Tapachula, Chiapas hasta el norte del país, era la opción más barata para llegar a la frontera norte. Sin embargo, la ruta se convirtió en un infierno de secuestros, violaciones y muerte, porque las autoridades mexicanas prefirieron cerrar los ojos a esa violencia y dejar que esa vía se convirtiera en un corredor de impunidad.

En ese contexto, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, se convirtió en el peor enemigo de los migrantes, luego de que negándoles seguridad en su paso por el estado, operó para que los centroamericanos fueran bajados del lomo del tren.

Incontenible los señalamientos, Duarte, ordenó una fuerte campaña mediática para dar a conocer “la bondad” de su gobierno que aporta despensas y enseres a los albergues de migrantes y que construye módulos de seguridad en algunos puntos donde se registraban secuestros y violencia, como es el caso de la estación de Medias Aguas, en el municipio de Sayula de Alemán.

Con la doble moral que practica Javier Duarte, no se frenó la brutalidad contra los migrantes. En las notas de la prensa nacional e internacional se conocen día tras días los casos de violencia en territorio veracruzano.

Acostumbrado a esquivar los problemas antes que enfrentarlos, el mandatario tuvo la ocurrencia de presentar una demanda contra la empresa ferroviaría Ferrosur, acusándola de ser la responsable de la violencia contra los migrantes en los vagones de La Bestia.

La acción del ejecutivo estatal de Veracruz agravó el problema. Los migrantes y la sociedad que sabe de lo que huyen, exigían seguridad para ellos. En respuesta les cierran las puertas, los persiguen, los golpean y los regresan a sus países. México del hermano mayor, ahora es en la comunidad internacional el perro de caza al servicio del gobierno estadounidense.

El martes 29 de noviembre, en un comunicado difundido por el gobierno del estado de Veracruz, dieron cuenta de un conclave de seguridad en el que participaron : El jefe de la Unidad de Coordinación para el Cumplimiento del Compromiso Presidencial CG13, vicealmirante Rubén Vargas Suárez; los comandantes de la VI Región Militar, los generales Genaro Fausto Lozano Espinoza, Arturo Sánchez García, Germán Javier Jiménez, José Candelario Jaime Contreras López y Pedro García Valerio, y de la 3ª Zona Naval, el vicealmirante Jorge Alberto Burguette Kaller.

A la reunión, efectuada días después de que el gobierno de Enrique Peña Nieto se había visto obligado a conceder salvoconducto a un millar de migrantes que se manifiestan de norte a sur del país en una marcha llamada Viacrucis del Migrante, también asistieron el secretario de Gobierno, Erick Lagos Hernández, su homólogo de Tabasco, César Raúl Ojeda Zubieta; el secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, y su homólogo de Tabasco, general Audomaro Martínez Zapata; el delegado de la Procuraduría General de la República (PGR) en Tabasco, Francisco Javier Pulido Morales; el subsecretario A de la SSP, mayor José Nabor Nava Olguín; el coordinador de Policía Federal en Veracruz, comisario Jorge Bravo Flores; el procurador General de Justicia del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras y su homólogo de Tabasco, Fernando Valenzuela Pernas.
El encuentro, so pretexto de evaluar y reforzar estrategias para combatir la incidencia delictiva, se habría realizado para organizar las redadas y represión en contra de los migrantes a partir del viernes 30 de abril.

El último día de abril en la carretera entre Tenosique y Emiliano Zapata, fuerzas federales y estatales, detuvieron un contingente de inmigrantes que caminaban por la carretera en grupo para evitar ser víctimas de la delincuencia organizada. Intentaron engañarlos con la promesa de facilitarles el transporte pero el objetivo fue regresarlos a sus países de origen. Al infierno del que huían.

Al percatarse del engaño, los migrantes y los activistas en defensa de los migrantes que los acompañaban, entre ellos Fray Tomás González y Rubén Figueroa del albergue La 72 en Tenosique, Tabasco, fueron reprimidos y golpeados para obligarlos a someterse. Familias enteras desaparecieron entre el monte.

Dos días después de esa acción, en el kiosko de Pakal-Ná, Chiapas, donde se encontraban más de 200 migrantes pasando la noche en el albergue que se encuentra ahí, elementos de la Marina, del Instituto Nacional de Migración (INM), de la procuraduría y de la Fuerza Ciudadana, unidad policiaca creada por el gobernador Manuel Velasco Coello, les cayeron por sorpresa y con el uso de violencia detuvieron a una gran mayoría.
Sin embargo, los que pudieron huir de la redada fueron capturados dos horas después cuando de nueva cuenta el grupo policiaco militar llevo a cabo una nueva embestida.

En la frontera sur de Chiapas y Tabasco, miles de migrantes van quedando varados, porque el transporte barato que les representaba la bestia ya no permite el ascenso a sus vagones.

Un dato revelador, que exhibe con cuanta hipocresía actúa el gobierno mexicano, es que solo el 17 por ciento de los migrantes, los más pobres, los que huyen por hambre y miedo, viajan en el tren. El 80 por ciento de los 140 mil que anualmente emigran de aquellos países lo siguen haciendo a través de autobuses y aerolíneas con la lucrativa protección de autoridades migratorias y federales que reciben carretadas de dinero.

El Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova de Tapachula, Chiapas, lanzó una alerta porque el estado mexicano realiza deportaciones masivas sin permitir que quienes han sido objeto de violencia institucional lo denuncien, además de que se les niega el derecho a pedir asilo para no regresar a sus países, donde seguramente serán víctimas de las pandillas.

En San Pedro Sula, los padres de los niños masacrados en los últimos días de abril, como otros miles en diversas circunstancias, ya han hecho pública su intención de pedir refugio para escapar de la violencia, no quieren seguir perdiendo a los integrantes de sus familias en manos de las pandillas.

Los migrantes pasan por México rogando no terminar siendo una víctima más de las miles que han perdido la vida en manos de la delincuencia que impunemente opera de la mano de un gobierno que peca de indolencia ante la tragedia de nuestros hermanos.
([email protected])(@moralesrobert)