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Arturo Reyes Isidoro

Prosa Aprisa

2015, ¿el peor año?

20/02/2015 09:21 a.m.
En un estado tan grande y complejo como es Veracruz sus gobernadores viven tiempos de crisis, aunque hasta ahora ninguno ha dejado escritas sus memorias para saber qué fue lo que más les apuró durante su gestión o qué fue lo más difícil que sortearon.
 
Javier Duarte de Ochoa no escapa a esos difíciles momentos y en cinco años ha vivido ya muchos problemas que han afectado fuertemente a su administración, y sólo él puede calificar cuál ha sido el más grave, complejo y difícil que le ha tocado enfrentar.
 
Ahora mismo encara uno más, que ya se sabía aunque sin datos precisos, que ha detonado nuevamente las observaciones que le hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al Gobierno del Estado respecto a la cuenta pública del año 2013, que fue el tercero de su administración, organismo que le atribuye irregularidades en el manejo de recursos públicos federales por 7 mil 214 millones 333 pesos.
 
Esta vez el Gobierno del Estado reaccionó oportunamente el miércoles mediante un comunicado de prensa, en el que registra que la ASF practicó 44 auditorías y “los casos en que la información entregada por las diferentes dependencias estatales ejecutoras del gasto resultó no suficiente para dar por atendidas a las observaciones realizadas por los auditores”.
 
El último de los tres párrafos del boletín de prensa dice: “Estamos ciertos que la obligación constitucional de la Auditoría Superior de la Federación la realiza a plenitud, con el objeto de transparentar el ejercicio del gasto público de los recursos federales y, en tal sentido, Veracruz esperará a conocer con detalle el informe presentado por el ente fiscalizador para estar en posibilidad de explicar el destino del gasto público y dar a los veracruzanos la absoluta certeza de su correcta aplicación”.
 
Ayer, el propio gobernador, el secretario de Gobierno Gerardo Buganza Salmerón y el contralor general del Estado Ricardo García Guzmán, por separado abordaron el tema. Duarte dijo –según nota del portal alcalorpolitico.com– que se están atendiendo las observaciones y que “en muchos de los casos” están prácticamente solventadas.
 
Amplió la información que no se mencionó en el boletín. "Tiene que ver con cuentas donde debieron de haberse depositado los recursos pero se hicieron en otras; pero no tiene que ver con un mal manejo o indebido de los recursos públicos, en su inmensa mayoría de los casos se están atendiendo y se van a aclarar".
 
Justificó diciendo que “se maneja un universo importante de cuentas, pues se trata de 100 mil millones de pesos, una cantidad inmensa de transferencia ante el ejercicio fiscal y estas situaciones ocurren”, que no se trata de devolver dinero sino de transparentar dónde fue depositado y transparentado.
 
Buganza y García Guzmán dijeron que se solventarán las observaciones, que ya se está trabajando en ello y que se presentará la documentación debidamente requisitada. Una vez que se les notifique oficialmente, tendrán 30 días para hacerlo. Hay que esperar.
 
Independientemente de que prueben o no, es indudable que alguien no hizo bien su trabajo. Si los administradores de las dependencias señaladas no hicieron su tarea bien, los contralores internos debieron haberlo detectado y reportado a su superior, quien debió haber procedido administrativa y legalmente. Incluso si se depositaron recursos en cuentas donde no se debía, entonces en Finanzas –se supone– nadie está pendiente ni vigila que se hagan bien las cosas.
 
En 2013, el contralor general del Estado lo fue durante la mayor parte del año Iván López Fernández, hasta que casi al finalizar octubre lo sustituyó en el cargo el ahora secretario de Finanzas y Planeación, Mauricio Audirac Murillo. Ellos fueron los fiscalizadores estatales durante el año auditado y observado y debieron haber informado al gobernador de la situación.
 
Hay que esperar antes de hacer un juicio concluyente para conocer qué tanto se solventa, esto es, se comprueba y aclara, pero por lo pronto la negligencia fiscalizadora estatal ha costado otro severo y desgastante golpe mediático a la administración estatal, pues hasta en tanto no se solvente en forma debida persistirá la duda sobre dónde están los 7 mil y pico millones de pesos. Menuda tarea tiene enfrente el actual contralor García Guzmán.
 
Lo que extraña es que no es la primera vez que se hacen señalamientos de irregularidades en el manejo de recursos federales y estatales, esta vez por parte de un organismo federal, antes, por ejemplo, por el entonces secretario de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), Gerardo Buganza Salmerón, que se ventilaron públicamente e incluso se presentaron denuncias penales, pero hasta la fecha, salvo los recientes casos de Álvaro Cándido  Capetillo Hernández, exdirector del Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos, y Alcides Madrigal, exdirector de Administración de los Servicios Aéreos del Gobierno del Estado, quienes acaban de ser inhabilitados por el actual contralor, nadie más ni administrativa ni penalmente ha sido llamado a cuentas.
 
Estas observaciones de la ASF se vienen a sumar a la crisis que se vive en la administración estatal por la pesada deuda de 41 mil 355 millones de pesos, aparte de lo que se le debe a proveedores y prestadores de servicios, así como a otros, cuando ya no está papá Gobierno Federal dispuesto a dar dinero extra, además por la crisis que enfrenta a su vez por la caída de los precios del petróleo principalmente, por lo que quién sabe si 2015 será para el gobernador el año en que haya vivido el momento más difícil de su administración.
 
Y sí, los administrativos de las dependencias del Gobierno del Estado lo confirman: desde fines de la semana pasada tienen instrucciones de adelgazar más sus presupuestos, de reducir a lo más indispensable la compra de insumos, de contratar los servicios estrictamente necesarios, de recortar sueldos y, lo más preocupante, de despedir personal donde consideren que se debe prescindir de él.
 
Creo que en estos momentos no caería nada mal un anuncio oficial que dijera a los veracruzanos que los funcionarios se reducen el sueldo drásticamente consecuentes con la situación que se vive y para apoyar de esa forma a su jefe, y en cambio caerá mal, muy mal, que incluso puede llevar a la protesta popular en las calles, si en unos días más vemos a todos los funcionarios en camionetotas, con “ayudantes”, familiares, lujos y privilegios  paseándose por la Cumbre Tajín indiferentes y ajenos a la crítica situación que se vive y que golpea a toda la población.
 
Sí, quiere ser gobernador de dos años
Pues sí, según me confirman fuentes cercanas a él, Alberto Silva Ramos pretende ganar con amplio margen la diputación federal por Tuxpan, porque quiere ser el candidato del PRI al Gobierno del Estado de dos años; es más, me aseguran, se considera uno de los más fuertes prospectos. En su primer mensaje ya como candidato incluso anunció un programa de entrega de medicamentos a las personas de escasos recursos, pero cuando sea diputado, para ir calentando el brazo. O sea, va en serio.
 
En el caso de Xalapa Urbano, hay guerra interna dentro de las filas priistas. Correligionarios de la candidata Elízabeth Morales García se quejan de que algunas personas andan tratando de convencer a los líderes de los comités seccionales de que apoyen a otros candidatos. Lo raro y curioso es que juntan en un mismo coctel y señalan que atrás están el exalcalde y exsecretario de Gobierno, Reynaldo Escobar Pérez, el diputado local Ricardo Ahued Bardahuil y el alcalde Américo Zúñiga Martínez.
 
Américo alguna vez me dijo que si Elízabeth resultaba candidata la apoyaría. Incluso me llamó la atención que ha retomado el rescate de los jardines verticales del Mercado Jáuregui, herencia de Elí, además de que le dan mantenimiento a los del Viaducto y la Biblioteca Carlos Fuentes, cuando se decía que los quería destruir. De Ahued sé que es un hombre fiel a su partido, y lo que debieran hacer es reunirse, platicar y enfrentar juntos el duro reto que de por sí representa Xalapa para el tricolor porque es una plaza indudablemente antipriista.
 
Martha Marañón, enlace de Prensa de la Subsecretaría de Gobierno, recibe el medio día de este viernes su grado de Maestra en Comunicación por la Universidad Anáhuac Xalapa. No puede más que felicitársele y desearle que continúen los éxitos.
 
 

 

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