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El sábado por la tarde, como una veracruzana, como una ciudadana más, como una ama de casa cualquiera, compraba en un súpermercado de Xalapa la rectora de la Universidad Veracruzana (UV), Sara Ladrón de Guevara.

Lo hacía con la cara en alto, mirando de frente, sin esconderse de nadie; se movía sola entre los pasillos, sin ningún guarura atrás de ella, sin ningún “ayudante”, y a su paso recibía muestras de solidaridad y apoyo a su causa, que es la de la casa de estudios: el reclamo de 2 mil 76 millones, 828 mil 726.78 pesos, que desde 2013 no le entrega la administración pública estatal. 

Cuando le decían que se mantuviera firme en su postura porque todos los veracruzanos la respaldan, respondía diciendo que sí “porque la Universidad Veracruzana nos trasciende”, y se oían voces indignadas convocando a tomar las calles para protestar contra el Gobierno del Estado por la agresión y atentado que está cometiendo contra la UV.

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El pasado 15 de noviembre, hace menos de dos meses, públicamente, durante un mensaje con motivo de su V Informe de Gobierno, en el Velódromo de Xalapa, el gobernador Javier Duarte de Ochoa le agradeció a la Rectora su presencia y le garantizó que no la dejaría sola y que siempre contaría con el apoyo del gobierno estatal.

Ese día informó que se había reunido con ella para fortalecer aún más los vínculos que unen a la UV con el Gobierno del Estado. “Ahí públicamente en un comunicado refrendé el compromiso establecido en los acuerdos firmados entre la Universidad Veracruzana y el Gobierno de Veracruz. La Universidad Veracruzana sabe que tiene todo el apoyo y todo el respaldo de mi gobierno. No la vamos a dejar sola rectora, va a contar siempre con todo nuestro apoyo y nuestro respaldo”. 

Esa reunión, que había sido un día antes, se tomó como una medida desesperada para evitar que la comunidad universitaria saliera a protestar en pleno Informe por el engaño, las falsas promesas y el incumplimiento de la administración estatal para entregar a la UV lo que es suyo y por derecho le corresponde, pero los días transcurridos confirmaron que, una vez más, había sido una tomada de pelo porque ni hay un calendario de pagos, ni se liquidó en diciembre como se había ofrecido y, al contrario, se le empezó a presionar y a tratar de amedrentar con el pretexto de que es la casa de estudios la que le debe al gobierno por concepto de cuotas al Instituto de Pensiones del Estado (IPE).

Ante tanto engaño e incumplimiento –como se ha venido haciendo con proveedores del gobierno y prestadores de servicios–, habiendo agotado sus gestiones ante las instancias ejecutivas y legislativas, ahogándose como está la Universidad Veracruzana, llena de deudas, trabajando al 50 por ciento de su capacidad, con problemas cada vez más serios para pagar las quincenas al personal, habiendo detenido o recortado programas, etc., no le quedó a la Rectora de otra más que emprender acciones legales para tratar de recuperar lo que es de la UV.

Aquella promesa de que el Gobierno no la iba a dejar sola no fue más que eso, una promesa, como tampoco ha habido “nuestro apoyo y nuestro respaldo”. Al contrario, la Fiscalía General del Estado se ha hecho omisa para no dar entrada a la denuncia presentada ante la Coordinación de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos por la no entrega de mil seiscientos veinticinco millones de pesos, en sus primeras diligencias. 

Además, la Rectora acudió ante la instancia federal, el Agente del Ministerio Público de la Federación en Xalapa, por la no entrega de cuatrocientos cincuenta y un millones de pesos, donde sí le dieron entrada y quedó registrada con el número AP/PGR/XAL-IV/012/2016/P.P., que ha sido ratificada y se encuentra en proceso de integración.

Pero como Sara Ladrón de Guevara decidió ventilar públicamente el asunto una vez que se filtró en la prensa y convocó a conferencia para informar a detalle, la reacción en el Gobierno fue la peor: amenazarla, tratar de intimidarla, amenazar a la casa de estudios y con ello a toda la comunidad universitaria de que se le cobrarán 3 mil 400 millones que dizque se le deben, e incluso de que se requerirá fiscalmente a la casa de estudios.

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En un boletín de prensa del 14 de noviembre, un día antes del Informe, se informó de la reunión del gobernador y la Rectora (no era la primera, además).

“El Gobernador reconoció en dicha reunión los compromisos adquiridos por el Gobierno del Estado en el convenio firmado entre el Gobierno Federal, el Gobierno del Estado y la Universidad Veracruzana, donde se establecen los montos de las aportaciones que ambos gobiernos se comprometen en aportar a la institución académica para el cumplimiento de sus programas y objetivos de enseñanza superior.

 Asimismo, el Mandatario estatal informó a la Rectora que la Universidad Veracruzana no tiene ya ningún adeudo con el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) ya que el Gobierno del Estado, como responsable solidario, ha liquidado ‎la parte de recursos económicos que le correspondía a la UV aportar para garantizar el pago de las pensiones de los trabajadores jubilados universitarios”.

Ese día, a su llegada a una comida “de unidad” en el Museo Interactivo de Xalapa, en vísperas de su Informe, afirmó que a partir de la reestructuración de los pasivos, que le fue autorizada por la Legislatura, el Gobierno del Estado podría pagar una cifra mayor a la UV y cumplir puntualmente con el convenio tripartita firmado con la Casa de Estudios. "No se puede arreglar algo que no estaba desarreglado", respondió a los reporteros.

Reiteró: "El déficit del IPE ya se pagó, lo pagó el Gobierno del Estado, fue de 2 mil 65 millones de pesos… vamos a respetar el convenio que establecimos”, dijo y reveló que la información que había dado a conocer sobre la reunión con la Rectora la había redactado él personalmente.

Hoy tampoco se ha pagado una cifra mayor sino, que por el contrario, en el Presupuesto de Egresos de este año hubo una disminución de casi siete por ciento en relación al presupuesto del ejercicio fiscal 2015, lo que representa una cantidad de doscientos cuarenta y nueve millones ochocientos cuarenta y cuatro mil setecientos cinco pesos menos, lo que la rectora ha calificado como “una violación al derecho humano a la educación”. 

Un día antes, ya en plena batalla en las redes sociales por el reclamo de la Rectora de lo que se le debe a la UV, y la acusación del IPE de que es la casa de estudios la que adeuda, el senador priista José Francisco Yunes Zorrilla, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República, invocó el artículo 98 de la Ley del IPE que define que cuando hay aspectos deficitarios y el IPE no pueda pagar, los patrones se harán cargo, siempre que medie un convenio.

 “Sin embargo, hasta donde se sabe, no existe ningún convenio entre el IPE, el Gobierno del Estado y la Universidad, de tal manera que el Gobierno del Estado es responsable solidario no sólo en el caso de la UV que funge como patrona sino de todos los que cotizan en el Instituto”.

"Tratar de justificar que los 2 mil millones de pesos que legítimamente señala la Universidad Veracruzana como adeudo para el ejercicio fiscal del 2016 se contrarresten, me parece que es grave y que no es procedente", opinó.

Reveló entonces que la Rectora estaba cuidando que el tema no se politizara y que por eso en el Senado se le había recibido en comisiones de trabajo donde habían asistido representantes de todos los partidos para que no fuera bandera política de nadie. "Esto habla del cuidado que tiene la Rectora por resolver un problema en el cual, reitero, le asiste la razón y que va a acompañar el Senado de la República en términos de solidaridad".

El senador advirtió desde entonces que existía la posibilidad de presentar denuncias penales por no depositar los recursos correspondientes a la Universidad, aunque dijo que dicha labor le correspondía a las áreas de fiscalización y de vigilancia federal y estatal. Dejó muy claro: “Sí me corresponde definir una posición en la cual con la información que yo tengo, la razón le asiste a la Universidad Veracruzana”. 

Ayer reiteró: "Mi posición como senador de la república es concreta y clara a favor de la comunidad universitaria. Hemos tenido la oportunidad de conocer buena parte de los alegatos y comentarios y en ese sentido estaremos acompañando la posición de la rectora, su comunidad y la universidad".

Otro senador veracruzano, Fernando Yunes Márquez, en esa misma fecha dijo que en el Senado de la República se presentaría un punto de acuerdo para pedir al Gobierno del Estado que cesara el hostigamiento hacia la UV y se cumpliera con el pago de adeudos pendientes.

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Un experto en el tema, el ex rector Víctor Arredondo Álvarez, en una larga entrevista que concedió a la reportera Ángeles González Ceballos, del portal alcalorpolitico.com, dijo el 10 de septiembre del año pasado que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es muy clara sobre la obligación del Estado de ofrecer educación pública gratuita y laica, y que los recursos asignados para la Universidad Veracruzana se enmarcan más que en un compromiso legal, en uno moral, social y  estratégico.

Refirió que en la fracción novena del artículo 3ro Constitucional se define claramente el compromiso del Estado Mexicano por otorgar educación gratuita, y que en la fracción 25 del artículo 73 se vuelve a resaltar la importancia y la necesidad de que para bien del desarrollo nacional el Estado Mexicano garantice educación para todos y en todos los niveles, lo que la Ley de Coordinación para la Educación Superior reitera.

Recordó que la Ley de Autonomía de la Universidad Veracruzana señala claramente el compromiso del Gobierno del Estado para financiar cabalmente a la Universidad. “Yo veo innecesaria esa discusión... Ahí están las cifras, ahí no hay engaño porque están las cifras comprometidas, están las bases históricas, las asignaciones anuales, las cuentas de ingresos de la UV que están auditadas y las aportaciones del Estado como egresos”.

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¿Dónde está el origen del problema? El adeudo a la Universidad Veracruzana comenzó en el sexenio del gobernador Fidel Herrera Beltrán. El 8 de agosto de 2014, en “Prosa aprisa” publiqué que el ex rector Raúl Arias Lovillo me había revelado y me había autorizado a publicarlo que Fidel, durante su gestión, no había pagado a la Universidad Veracruzana 1,500 millones de pesos, que no entregó como estaba pactado con el Gobierno federal y el estatal, pues había retenido cinco pagos anuales de 300 millones de pesos sin ninguna explicación ni justificación.

Herrera Beltrán nunca informó de ese adeudo y cuando llegó la nueva administración tampoco lo llamó a cuentas para que respondiera por el faltante, adeudo que se fue incrementado hasta llegar a la cifra actual, la que se quiere desconocer ahora. La denuncia de la Rectora pudiera ser el la punta del hilo para jalar de la madeja. Sobre el caso, los diputados locales y federales del PRI no han salido en defensa de la Universidad.

Independientemente del litigio legal, lo cierto es que la comunidad universitaria es un polvorín a punto de estallar en cualquier momento en apoyo a su casa de estudios y en contra del atentado del gobierno, pues lo consideran igual de grave, o más, que el desalojo que hizo la policía el pasado 23 de diciembre de jubilados y pensionados del centro de la ciudad; movimiento que va a rebasar a la dirigencia del Fesapauv, el sindicato del personal académico, que ha reaccionado sólo con un desplegado periodístico tibio, guango, y no con la energía que la ocasión amerita en apoyo a la Rectora y a la Universidad.

Hay una consecuencia inmediata y directa ya: la va a pagar el PRI en las urnas el próximo 5 de junio.

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Ayer, el senador José Francisco Yunes Zorrilla advirtió de tener cuidado para que no se politice el tema y alguien lo quiera aprovechar para allegarse votos, pero fue inevitable que tres precandidatos lo abordaran.

Miguel Ángel Yunes Linares, del PAN, recordó que él promovió la autonomía de la UV en la etapa en que fue Secretario General de Gobierno con el gobernador Patricio Chirinos Calero, y que en la ley que se aprobó en ese entonces se establecía con toda claridad que los recursos que el Gobierno del Estado aporta a la universidad, por ley y por obligación debían incrementarse anualmente cuando menos en un índice similar al de la inflación, y que también se estableció que no podía de ninguna manera el Gobierno del Estado utilizar los recursos federales destinados a la universidad para otras actividades.

Fijó su postura: “Como universitario egresado de la Universidad Veracruzana y como promotor de su autonomía no permitiré de ninguna manera que se siga atentando contra la máxima casa de estudios de los veracruzanos, me sumaré a cualquier esfuerzo que haga la Rectora de la universidad y la comunidad universitaria para exigir que se le pague a la universidad lo que se les debe y para sancionar a quienes le robaron los recursos a los jóvenes de Veracruz que estudian en esa institución”.

Ayer, en el arranque de su precampaña en Poza Rica, hizo un llamado a los aspirantes a gobernador Héctor Yunes Landa, Cuitláhuac García Jiménez y Armando Méndez de la Luz, quienes al igual que él son egresados de la UV, para que juntos acudan a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía General del Estado para exigir que las denuncias contra quienes se han robado los recursos de esta institución procedan.

Por su parte, ayer también, en el arranque de su precampaña en Xalapa, Héctor Yunes Landa, del PRI, declaró a los reporteros que si llega a la gubernatura apoyará a la UV incrementando su presupuesto. Expresó que no se debe de perjudicar a la Institución y que se le tiene que pagar lo que se le adeuda. “Yo no soy reactivo a los problemas, yo incluso me he llegado a anticipar y lo dije claramente, a la UV se le tiene que apoyar, se le debe dar lo que le corresponde e incrementar incluso los apoyos… Los adeudos son institucionales, no es de la persona que está al frente del gobierno, son de la administración y el gobierno los tiene que cumplir”.

A su vez, Armando Méndez de la Luz, de Movimiento Ciudadano, lo atribuyó a un problema de sensibilidad: “Como egresado y maestro de la Universidad Veracruzana siempre saldré en defensa de mi alma mater. Más que un problema jurídico este es un problema de sensibilidad, de cumplimiento de compromisos; en el fondo, lo esencial lo marca la Constitución: la educación laica”. 

Dijo que el Estado no le está haciéndo ningún favor a la Casa de Estudios, pues no se trata de un subsidio para nadie, ya que simplemente se trata de recursos fiscales que aporta el pueblo con sus impuestos para mantener la educación.

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