​Javier Duarte de Ochoa era candidato a gobernador del estado, cuando fui invitado a sentarme con él –en compañía de otros colegas, editores y directores de medios- en una reunión llevada a cabo en Coatzacoalcos. Dándose las ínfulas de político experimentado, el candidato Duarte exponía que era la sociedad, responsable de los males que padecía el estado.

Durante la conversación, ante lo que me parecía una frivolidad de parte del aspirante a gobernador, intervine punzante: a mí lo que me gustaría escuchar de usted es su autocrítica, usted ha sido parte del gobierno de Fidel Herrera Beltrán, usted fue Secretario de Finanzas, lo que importa en esta mesa es que usted nos diga qué es lo que haría como gobernador para enderezar estos males. No hubo respuesta.

En mi caso, primera y última vez, fui invitado a una reunión de este tipo.

Luego de que fuera “electo”, Javier Duarte, un día tras otro, los escándalos de abusos de poder y corrupción en su administración no han cesado. Entonces, recuerdo sus palabras: Es la sociedad, responsable de los males que padece el estado 

El escritor peruano Mario Vargas Llosa describe en su ensayo  “La civilización del espectáculo” a una sociedad cruel, como aquella que no tiene memoria, porque no tiene remordimientos ni una verdadera conciencia.  En esa sociedad la gente vive prendida de la novedad, no importa cuál sea con tal de que sea nueva, observa,  olvida pronto y pasa sin pestañear frente a las escenas de muerte y destrucción.

En ese entorno, la información es sólo un instrumento de diversión, de escándalo,  chisme, donde el amarillismo, la violación de la privacidad, la calumnia y el infundio se reciben sin cuestionarlos, y esto es un mal que tristemente aqueja a Veracruz y a nuestro país.

Mencionamos lo anterior porque este martes a primera hora, un  reportaje del influyente periódico digital Animal Político empezó a ser tendencia en las redes sociales por todo el país, la información que daba pelos y señales de la manera en que el gobierno de Javier Duarte había desaparecido 645 millones de pesos destinados a la atención de grupos vulnerables para pagarle a empresas fantasmas.

La nota, un golpe demoledor que en tres entregas ha desmenuzado paso a paso, con documentos en la mano, cómo se fraguó la asquerosa conspiración política para robarse dinero que estaba destinado a los pobres de Veracruz, advertía: “La investigación de Animal Político, cabe subrayar, sólo se centra en 73 contratos por poco más de 645 millones de pesos que asignaron estas cuatro dependencias en 2012 y 2013. Una mínima parte de los contratos que cada año firman estas dependencias.”

Una mínima parte.

Por supuesto, las descalificaciones de parte de los políticos y grupos de oposición no se hicieron esperar, justo en medio de la última recta electoral.

“No podemos perder la capacidad de asombro, se debe investigar…”, sentenciaba el diputado local del PAN, Julen Rementería. “Castigo a los responsables”, pidieron el candidato independiente Juan Bueno Torio; el líder estatal del PRD, Rogelio Franco Castán y la diputada local de Nueva Alianza, Jaqueline García. El dirigente del PAN en Veracruz, Jesús Mancha Alarcón, repetía el título de la nota como recordatorio de campaña: “el Gobierno abusó de los pobres para desviar dinero”. Y así, un largo etcétera.

Un dato revelador, y que puede dar rienda a conjeturas, es que desde una semana antes que se publicara el texto, el Gobierno del Estado y varios funcionarios involucrados en el tema sabían de la investigación periodística, no obstante no les importó, porque no les daba vergüenza que se publicara y evidentemente porque habrían de recurrir a nuevos escándalos y descalificaciones para tratar de sepultar los señalamientos, como ha sido la tónica frecuente del fidelismo-duartismo.

Días antes de la publicación, Veracruz ¬–en el norte, centro y sur del estado– se bañó de sangre: en Xalapa, un comando armado asesinó a sangre fría a siete personas en un antro conocido de la capital; en el sur, montaron un rescate en el que supuestamente murieron cinco delincuentes, más tarde se supo que se trataba de un montaje y que algunos cuerpos habían sido “sembrados” en la escena, porque horas antes habían sido levantados en sus domicilios por elementos de la Fuerza Civil, según denunciaron sus familiares; y, en centro del estado, aparecieron en la carretera cinco cuerpos desmembrados con cartulinas donde uno de los carteles advertía que llevaban a cabo “una limpieza” en todo el estado contra los Zetas.

Paralelo a lo anterior, se exhibía la compra de votos en 18 municipios de Veracruz, señalando directamente a la delegada federal de la Sedesol, Anilú Ingram, y al PRI como responsables.

Mientras tanto en el Congreso de la Unión, los diputados federales exigían dar trámite a 319 juicios políticos pendientes, entre éstos uno en contra del gobernador Javier Duarte de Ochoa, que “con la mano en la cintura se pitorrea de la autoridad y de los órganos impartidores de justicia”, sentenciaba un legislador.

Y esto, corrupción y violencia, fue sólo una parte del menú de noticias que se desayunaban los veracruzanos, en vísperas de conocerse el reportaje que daba cuenta del millonario desfalco de Javier Duarte y su pandilla.

¿Qué pasará con esta grave acusación contra el Gobierno corrupto y ladrón de Veracruz? La experiencia nos dice que nada. Es como un valor entendido. Porque este tipo de hechos han ocurrido y no hay castigos, no pasa de la noticia del día, del golpe mediático. Así han transcurrido casi 6 años. Y si a la gente no le ha importado, a la clase política y élite de poder, pues menos. Hasta ahora.

A la sociedad se le olvidó que esos secuaces que cita el periódico Animal Político, no son nuevos, sólo cambiaron de cargo, dijeran algunos son “ladrones de corbata” que se pasean con tranquilidad, porque la gente sabiendo que robaron aún así votó por ellos, les regaló el sueldazo que ganan y la impunidad con la que se pasean. 

¿Ejemplos?

Tarek Abdala Saad, extesorero de Sefiplan que otorgó contratos a empresas ficticias, ahora diputado federal por Cosamalopan; Edgar Spinoso, exoficial mayor de la SEV, de los nuevos millonarios en Veracruz, lo señalaron en su momento de ratero, pero sin problemas la gente votó por él como diputado federal por Martínez de la Torre.

Noemí Guzmán Lagunes, exsecretaria de Protección Civil, actual diputada federal por Coatepec, ahí donde los cafetaleros sufren por falta de apoyos en sus cosechas. Adolfo Mota Hernández, exsecretario de Educación Pública, una de las dependencias más saqueadas en esta administración, quien minimiza los hechos de violencia en el estado y asegura que el proceso electoral culminará con calma, es actual diputado federal.

Vicente Benítez González, después de que lo cacharon con una maleta con 25 millones de pesos cuando fungía como tesorero de Sefiplan, le dieron el cargo en la Sedesol estatal como subsecretario; y luego ante la llegada de otros funcionarios a esta dependencia estatal, se fue como oficial mayor a la SEV. Ahora anda en campaña por la diputación local de San Andrés Tuxtla por Nueva Alianza.

Alberto Silva Ramos, el actual coordinador estatal de Comunicación Social del Gobierno de Veracruz, que quería ser candidato a gobernador del estado por el PRI, ahí anda señalado de desvíos y suelto, defendiendo al gobernador de las “falsas acusaciones” y desempeñándose como gatillero oficial digital en Twitter.

En Veracruz de plano parece que nadie recuerda esos hechos. ¿Por qué la corrupción no provoca indignación social, por qué se ve como un mero chisme político en lugar de tomarlo como una afrenta a la dignidad veracruzana? 

¿Desde cuándo nos convertimos en una sociedad jodidamente irresponsable y fomentamos la diversión,  el espectáculo  y el conformismo, en lugar de ser más solidaria, justa y crítica constructivamente?

Si bien hay casos de manifestaciones, debate y activismo, éstas no tienen repercusión en Veracruz, porque no hay un compromiso cívico o moral, hay excepciones pero casi siempre son más por intereses personalísimos.

Parafraseando a Vargas Llosa, pasa que la política se ha frivolizado, al político lo único que le interesa es ser popular, verse bien presentable, porque es lo que le importa a la gente, cuando lo que debería de valer son su prestigio, sus principios y sus convicciones.

Las elecciones del próximo 5 de junio son la oportunidad real para que en las urnas los ciudadanos eviten la continuidad e impunidad de un gobierno ladrón.

A menos que, una vez más, se acepte el escándalo como un mero espectáculo y como sadomasoquistas se les avale, ya sea votando a favor o mostrando apatía por asistir a las urnas.

¿Esta vez tendremos memoria?