Más allá del interés público que despertó su caso, incluso del morbo de sus enemigos y malquerientes, que los tiene y muchos, de la trascendencia histórica y del escándalo mediático, creo que como ciudadanos no tenemos nada que reconocer hasta ahora al Gobierno Federal, el de Enrique Peña Nieto, porque se hayan suspendido ayer los derechos partidistas de Javier Duarte de Ochoa y seis personas más, cuatro de ellos exfuncionarios del Gobierno del Estado y dos notarios públicos, y que se amenace ahora con expulsarlos en forma definitiva del PRI.

Ciertamente, creo que lo que más debe afectar a Duarte es la carga histórica que lo acompañará por el resto de sus días y que heredará a sus descendientes de haber sido el primer gobernador de Veracruz en funciones al que su propio partido sancionó por violaciones estatutarias y presuntos actos de corrupción, como si no tenía ya suficiente con ser el primer gobernador del estado que en 86 años perdió la elección de su sucesor y quien entregará el gobierno a la oposición, peor para él, a su más odiado enemigo.

Finalmente, lo de ayer no pasa de ser un hecho interpartidista, de alcance limitado, con repercusión, en todo caso, sólo para los priistas. La penalización contra Duarte, lo más severo que tiene es que es moral, esto es, que lo ha exhibido públicamente, pero, ya se sabe, los políticos están curtidos, tienen la piel muy gruesa por lo que todo se les escurre y dejan que la toalla del tiempo los seque y hasta los limpie, para regresar a las andadas de nuevo como si nada hubiera sucedido. Tienen la cara dura, se dice luego. No fue, pues, más que un acto cosmético.

Aparte del escándalo, ¿en qué beneficia a Veracruz y a los veracruzanos la sanción partidista? En nada. El clamor general es que la Procuraduría General de la República (PGR) –de la Fiscalía General del Estado (FGE) no se espera nada porque su titular es un títere del propio gobernador, impuesto en el cargo para encubrirlo– investigue a fondo las denuncias y actúe en contra de los responsables del saqueo que han sufrido las finanzas del estado, que los castigue ejemplarmente para impedir que se propague más el cáncer de la corrupción en la entidad, pero también que los obligue a resarcir el daño patrimonial que han causado a las arcas de Veracruz.

Porque si les suspenden sus derechos como priistas pero se van impunemente a disfrutar de la riqueza mal habida a costa de los impuestos que pagamos todos los veracruzanos no sería más que una burla más del gobierno de Enrique Peña Nieto al pueblo de Veracruz.

Pero, además, habrá que estar atentos y no dejar que se trate de desviar la atención con esta sanción, porque lo verdaderamente importante es que no sólo se investigue y se castigue a los responsables del caso de las empresas fantasmas, el desvío de recursos que ello implicó y la consiguiente evasión de impuestos, sino que también se actúe por las denuncias que ha presentado la Auditoría Superior de la Federación ante la PGR por un cuantioso daño patrimonial.

Hasta ahora, pues, nada hay que reconocer al régimen priista con el caso Veracruz. Dejemos a un lado el árbol del escándalo mediático sin mayor trascendencia para los intereses de los veracruzanos y vayamos al bosque de la verdadera corrupción que tiene sumida en una profunda crisis económica y como consecuencia de ella de seguridad y social al estado. Sólo sanción estatutaria y expulsión de su partido, no. Castigo, cárcel y reparación del daño, sí. 

La Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI fue muy cuidadosa sobre los señalamientos con base en los cuales tomó su determinación. Generalizó. Mencionó que se afecta la imagen de ese partido, que hubo violaciones estatutarias y que hay presuntos actos de corrupción. Lo que se me dijo anoche es que se actuó con base en las investigaciones del SAT por el caso de las empresas fantasmas, pero para nada en las acusaciones que ha hecho el Gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares.

Se entendería, así, que no quieren darle ningún crédito pese a que su presión influyó, y que los priistas quieren agenciarse todos los méritos.

Sobre los otros sancionados, dos son exsecretarios de despacho, Arturo Bermúdez Zurita, de Seguridad Pública, y Gabriel Deantes Ramos, del Trabajo; un exsubsecretario, José Antonio Chara Manzur Beltrán, de Finanzas, quien últimamente era delegado federal de Economía; y un exdirector, Juan Carlos Rodríguez García, del Jurídico de la Sedesol estatal cuando el titular era el actual coordinador de Comunicación Social, Alberto Silva Ramos, así como dos notarios públicos: Israel Ramos Mange, de Alvarado, y Daniel Cordero Gálvez, de Nogales.

Yunes pide a Meade apoyo para Veracruz

Ajeno al escándalo, por su parte el Gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares aprovechó ayer una reunión de los once gobernadores del PAN encabezados por su dirigente nacional Ricardo Anaya con el Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, para solicitarle trato especial para Veracruz dada la grave crisis económica que enfrenta y que le van a heredar.

Lo que se sabe es que el nuevo gobernador se pasa al menos tres días de la semana en la capital del país haciendo gestiones para rescatar al estado. Hace varias semanas, un funcionario de la administración estatal me confió que sabían que Miguel Ángel ya se reunió en privado con el presidente Peña Nieto, aunque me dijo que no tenían el lugar preciso. 

Por ahora, lo importante es que se ha reunido y ha hecho gestiones ya con el que paga y distribuye recursos, que Veracruz y los veracruzanos están urgidos de que lleguen apoyos, aunque está más que claro que al actual gobierno ya no le darán ni un quinto más, por lo que la esperanza se cifra en el que viene.

Ingobernabilidad en Xalapa

Representantes de los maestros que la mañana del lunes bloquearon distintas avenidas de Xalapa dieron a conocer que para este martes se contempla continúen las manifestaciones ante la negativa del Gobierno del Estado a liquidarles todo lo que les debe.

Sus acciones afectarían las entradas a Xalapa y avenidas estratégicas de la capital. Estos bloqueos son el mejor testimonio público de la ingobernabilidad que hay ya en varios puntos del estado. El gobierno no paga pero tampoco contiene el daño que se hace a terceros. Cuando no son ellos mismos los que propician el desmadre con grupúsculos como el llamado 400 Pueblos, no resuelven los problemas para evitar el cierre de vialidades.

Los veracruzanos de Xalapa estamos totalmente desprotegidos en nuestros derechos por parte de las autoridades. Cómo no vamos a clamar porque esto ya acabe y se vayan. Por fortuna, ya sólo faltan 65 días para que ello ocurra. Esto ha terminado por ser una verdadera pesadilla.

Molina se deslinda del desplegado

A través de una entrevista vía telefónica para una estación de radio de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, el dirigente de la CNC en la entidad, Juan Carlos Molina Palacios, fue tajante al señalar que nunca firmó el documento que se hizo público a nombre de los sectores del PRI de Veracruz apoyando al gobernador Javier Duarte.

Hizo notar que en lugar de su nombre pusieron una firma con las letras P. A, por ausencia, aunque no pusieron ningún nombre, por lo que ignora quién lo incluyó. Quiso dejar claro que no fue consultado y que no está de acuerdo con que se engañe a los veracruzanos. 

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