Como todos los domingos, leí con atención ayer el mensaje dominical de la Arquidiócesis de Xalapa, que firma el presbítero José Manuel Suazo Reyes.

Siempre interesante, en parte aborda la crítica y grave situación en que nos han colocado los gobiernos que hemos tenido.

Define muy bien el ambiente en el que terminamos 2016 e iniciamos en 2017: de malestar y hartazgo social.

Para mi gusto, hubiera estado mejor si hubiera dado más detalles sobre el riesgo que, expresa, existe de que se traduzca en actos violentos.

Bien que condene el encarecimiento de la vida debido al alza en el precio de las gasolinas, lo que, acertadamente afirma, generará más pobreza y miseria.

Oportuno que advierta sobre el riesgo de que ello obligue a que “algunos busquen salidas fáciles en la comisión de delitos. Ojalá que nadie robe para que pueda comer.

Por lo que hace al caso concreto del Estado, la Iglesia espera que haya mejores condiciones de vida y existan mayores oportunidades para todos.

Generaliza y por lo mismo me extrañó que en ningún momento se haya referido al problema social del grave desempleo que se está generando.

En Xalapa, la capital del Estado, por ser el asiento de los tres Poderes, es donde vive el mayor número de población que trabaja en el Gobierno.

Como secuela de la grave situación económica que heredó la nueva administración, se está procediendo a poner orden y a corregir malas políticas tomando medidas drásticas.

Sexenio con sexenio se dejó crecer la burocracia hasta hacer demasiado obesa a la administración, aunque los menos culpables fueron los verdaderos trabajadores.

En diciembre se recortó ya a un número significativo de empleados, creo que casi a todos los llamados de contrato aunque también a algunos de los llamados de confianza, aunque será hoy o este mes cuando le toque tijera a muchos más de los de confianza y es posible que hasta a algunos de base.

El problema no es menor y habría que ser muy insensibles para no advertir la grave situación en que han caído cientos, miles de familias, cuyo inicio de año es inesperado y el peor.

Algunos van a sacar de estudiar a sus hijos de escuelas particulares, otros han dejado ya casas o departamentos que rentaban para irse con familiares o a algún muy modesto cuarto, no tienen seguridad social ni seguro el pan en la mesa y menos siquiera para el pasaje del camión para desplazarse en busca de un empleo.

Todos ellos, hijos y creyentes de Dios, feligreses, hoy más que nunca necesitan palabras de aliento y de esperanza. Algunos seguramente fueron malos servidores públicos y tal vez abusaron pero creo que la mayoría no.

Ellos no entienden por qué ellos han sido los sacrificados si su pecado era sólo ir a trabajar, los que verdaderamente trabajaban, que eran los más.

Creo entender la angustia de Miguel Ángel Gómez Pérez, el trabajador que el viernes pasado encadenó su mano izquierda a la puerta de su oficina en el hospital de Huayacocotla.

Lo hizo tan pronto se enteró por correo electrónico que él y otros 599 compañeros suyos del Seguro Popular quedan sin empleo a partir del primer minuto de ayer.

“Si quieren cambiar las cerraduras para quitarme mi empleo tendrán que cortarme la mano”, declaró a Miguel Ángel León Carmona del portal alcalorpolitico.com

“Miguel Ángel Yunes Linares prometió en su campaña que la primer acción iba a ser encarcelar a Javier Duarte, no afectar a la clase trabajadora. No somos 600 los afectados, atrás de nosotros hay hijos, yo tengo tres. Esto es una manera ruin de llegar a destruir vidas”, se quejó.

Sólo hay que ponerse en su lugar para entenderlo. “… yo no tengo miedo de represalias, tengo miedo de no darle de comer a mis hijos”. 

Pero la Iglesia, acaso el único refugio que les queda y de la que esperarían solidaridad y bendiciones, generalizó y no abogó por ellos en su primer comunicado dominical del año y, tristemente, menos tuvo palabras de aliento, de consuelo, de esperanza.

No me cansaré de insistir al nuevo gobernador que busque y ofrezca una opción para todos los que ahora han quedado desamparados.

Es cierto que en toda guerra hay bajas civiles, inocentes víctimas que pagan las consecuencias, muchos de ellos niños y ancianos.

En el cambio de régimen, en la guerra entre el PRI y el PAN por el poder, tampoco esta vez ha sido la excepción. Unos fueron los que abusaron y hay víctimas colaterales, trabajadores, veracruzanos todos al fin y al cabo.

Insisto también en que tal vez el daño pudo haber sido menor si el gobierno federal hubiera acudido en apoyo económico del nuevo gobierno estatal.

Por todo lo que nos hemos enterado de lo que Javier Duarte “y su banda” cometieron en agravio del erario estatal, no dudo, como afirma Yunes Linares, que es cierto el estado de emergencia económica y crisis social que vive el Estado.

¿La Federación ignoraba lo que estaba pasando en Veracruz? Toleró todo acaso confiado en que retendrían el poder y se encubrirían.

¿No apoyó al nuevo gobernador de Veracruz para tratar de ahogarlo y arrebatarle el poder en 2018? Por lo pronto, ha ahogado a miles de veracruzanos ajenos a sus diferencias.

Entiendo al nuevo gobierno que busque salir adelante en medio de tanta adversidad, pero me pregunto si el despido de trabajadores era la única y la mejor opción.

Lamento también que hasta ahora los diputados locales guarden silencio ante el problema y no ofrezcan alternativas de solución. ¿Cuánto les tocó de su primera “dieta” y de su primer aguinaldo?

Terminó un año e inició otro. El cambio, la alternancia se ha dado. Prevalece la impunidad con quienes tanto daño causaron al pueblo de Veracruz. Hasta ahora no hay un solo castigado, un solo detenido. 

¿Feliz 2017? Para colmo, con el alza al precio de las gasolinas vendrán los aumentos en precios de productos y de servicios en cuya cadena, por efecto dominó, pagan siempre  los consumidores, los de abajo, muchos ahora, en el caso de Veracruz, en el desempleo. 

De todos modos, feliz 2017 hasta donde se pueda. 

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