De nada servirá la operación de la gendarmería nacional en Veracruz, mientras el problema de fondo que es de corrupción política e impunidad no se resuelva. Los demonios siguen sueltos y en la lucha por el poder, han advertido: “quieren tener el poder para meter a su gente, pero aquí nos morimos todos”.

La complicidad de los grupos políticos con la delincuencia organizada en suelo jarocho es de grado superlativo.

Dos momento cruciales y sangrientos en los gobiernos de Javier Duarte de Ochoa y Miguel Ángel Yunes Linares con escenario en Boca del Río, uno de los municipios más disputados políticamente por su relevancia económica y turística, considerado el feudo de la familia Yunes Linares, adquieren especial significación.

En septiembre de 2011, previo a la reunión nacional de procuradores de justicia, 35 cadáveres fueron arrojados en la avenida Ruiz Cortines, en Boca del Río; al mes siguiente, en octubre, otros 36 cuerpos fueron regados en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

La letra Z en las víctimas fue la marca que registró el baño de sangre en ese entonces.

En el reciente caso de febrero de 2017, cuando se hallan 11 cuerpos bañados en sangre, precisamente el día que el gobernador anunciaría la entrada de la gendarmería nacional al estado. El mensaje no pudo ser más directo, preciso, por mucho que quien hoy gobierna lo desestime mediáticamente: “…guerra quieren, guerra tendrán; quieren tener el poder para meter a su gente, pero aquí nos morimos todos”. 

Los contextos en el ámbito de seguridad fueron parecidos: el entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa había solicitado la entrada de la Gendarmería para trabajar en la región de Tierra Blanca. En la actual administración estatal presidida por Miguel Ángel Yunes Linares se anunció la Gendarmería para la zona de Córdoba.

La presencia de los cárteles en Veracruz data desde el sexenio de Patricio Chirinos Calero, con la presencia de José Albino Quintero Meraz.  En la administración de Fidel Herrera Beltrán, se atribuía el control del territorio veracruzano al Cártel de los Zetas. En el gobierno de Javier Duarte, se atribuyó la matanza de 35 personas, al Cártel de Jalisco Nueva Generación.

En ambos casos, el de septiembre de 2011 y febrero de 2017, las autoridades estatales se adelantaron a señalar a las víctimas como delincuentes.

En el gobierno de Javier Duarte se dijo que las víctimas “tenían antecedentes penales y se dedicaban a actividades vinculadas al crimen organizado”. En el gobierno de Yunes Linares que se trata de “una lucha entre bandas de la delincuencia organizada”. 

Este jueves 2 de marzo, el mandatario estatal en entrevista con el periodista Óscar Mario Beteta procuró ser más cauto al decir que “aún se investiga si tenían o no alguna vinculación con la delincuencia organizada”, aunque por la forma en que fueron ejecutados, “hace pensar en la intervención de grupos de delincuentes organizados”. 

La lectura a las columnas de opinión en medios nacionales se destacan cuatro aspectos:

1.- Del gobierno de Javier Duarte (PRI) al gobierno de Miguel Ángel Yunes (PAN), la situación en el estado de Veracruz no ha cambiado.

2.- En la columna titulada “Veracruz: el poder cambia, el narco no”, el columnista Jorge Fernández Menéndez, del periódico Excélsior, señala que quizás ya no son los grupos homogéneos de haces seis años, pero siguen siendo bandas que están asolando los territorios que controlan y que no han podido, o no se ha querido, ser desmanteladas por las fuerzas de seguridad estatales.

3.- En su edición digital el periódico Reforma destaca que “datos ministeriales de la PGR establecen que en la entidad operan Los Zetas, el Cártel Jalisco Nueva Generación, células del Cártel de Sinaloa, La Familia Michoacana y el Cártel del Golfo.

4.- Mandos militares afirmaron que esos mismos grupos se dividieron y encrudecieron la violencia. Los diversos cárteles se disputan el control del narcomenudeo, el tráfico de combustible ordeñado a Pemex, migrantes y autos robados, según expedientes federales.

En las conclusiones leídas a bote pronto, una realidad se concluye: del 2011 al 2017, en momentos distintos, en sexenios paralelos, la impunidad ha sido una garantía para el quehacer del crimen organizado.

No hay temor ni castigo para hechos atroces. “No hay autoridad suficiente para prevenir y castigar actos bárbaros”, advierte el analista en seguridad, Alejandro Hope.

El investigador de la UNAM y experto jurídico en Derechos Humanos, Miguel Carbonell, expresa desde su cuenta de Twitter: “La tremenda noticia de Boca del Río nos viene a recordar que la negligencia y el mal gobierno no es monopolio de ningún partido”.

Aunque las autoridades estatales tratan de enfocar los hechos de violencia a la guerra entre los grupos del crimen organizado, y con ello mantener una percepción de gobernabilidad, de control, los datos duros, las cifras, las sombras de miles de muertos en dos sexenios es una realidad apabullante e irrespirable en la vida cotidiana de los veracruzanos.

La percepción ciudadana sobre la inseguridad no ha cambiado, porque la realidad sigue siendo la misma: un estado de violencia, de muerte, de terror, en donde ningún gobernante, rojo o azul, ha devuelto la calma a las calles, a las casas. 

Una negligencia e ineficacia frente a la lucha del poder por el poder. El problema no son los criminales que portan las armas, sino de fondo, estructural, los criminales que manejan el poder en el estado. (@moralesrobert) ([email protected])