El despliegue del trabajo del Grupo de Coordinación Veracruz en la zona centro de la entidad, ha tenido respuestas de parte de quienes infringen la ley; sin embargo, con el reciente ataque al destacamento de la Policía Federal (PF) en Orizaba, las lecturas –tratándose de corporaciones federales – se vuelven más reservadas.

La prensa estatal y nacional informó que el ataque a las instalaciones de la PF se dio después de que un camión que transportaba 14 mil litros de gasolina fuera asegurado por el Grupo Coordinación Veracruz  y llevado a las instalaciones de la Policía Federal, a las que pretendieron entrar –a punta de balazos– cerca de 50 personas armadas, para rescatar el vehículo.

​El saldo del enfrentamiento fue de 2 muertos y 11 detenidos.

Es extremadamente delicado que después de los destacados anuncios oficiales por parte de los gobiernos federal y estatal, respecto a las operaciones coordinadas en el ámbito de  seguridad y combate al crimen organizado en la entidad, los grupos delincuenciales respondan de manera tan temeraria.

Podría aventurarse que en la lucha por retomar el control de parte del estado, las corporaciones policiacas federales están padeciendo los “gajes del oficio”, pero la realidad es que quien sabe. Los mensajes de la delincuencia no es que estén peleando con los defensores de la justicia, sino con quienes son parte de la guerra por el territorio. 

En todo el país, se ha visto a miles de policías asesinados, ya sea por nexos con la delincuencia y otros por cumplimiento del deber.

Los resultados de la implementación de estrategias de seguridad en Veracruz ha registrado casos de violencia locales que tienen que ver con esta lucha por el control de zonas estratégicas para la actividad delictiva. 

En noviembre de 2004, antes de que Fidel Herrera Beltrán asumiera la Gubernatura, un tráiler cargado con millones de dólares se volcó en la autopista México-Veracruz, cerca del municipio de Ciudad Mendoza. Días después, un grupo de personas volvieron al  lugar del accidente. El dinero no fue encontrado. Un año después, se dio una ejecución  de 7 personas, entre Córdoba y Ciudad Mendoza, donde 3 de ellos estaban relacionados con el caso de los dólares extraviados.

En el gobierno de Fidel Herrera Beltrán, se registraron –por lo menos periodísticamente– casos locales de ejecuciones a comandantes, policías, en municipios o regiones con relevancia para operaciones delictivas.

Por ejemplo, en  enero de 2008, en el municipio de Las Choapas, la Policía Municipal dirigido por el comandante Carlos Torres Martínez, detuvo a dos hermanos en posesión de armas de fuego exclusivas del Ejército.

Días después, Carlos Torres Martínez fue dado de baja de la corporación municipal. Posteriormente, el excomandante Carlos Torres y su escolta Luis Pérez fueron emboscados.  Sobre Carlos Torres Martínez trascendió que contaba con solvencia moral, pues en su momento detuvieron y denunciaron a policías de Las Choapas inmiscuidos con la delincuencia.

En febrero de 2008, también en el municipio de Las Choapas, dos policías municipales fueron atacados. Uno de ellos falleció. Al respecto, el entonces subsecretario de Seguridad Pública, Francisco Mora Domínguez, dijo que la línea de investigación apuntaba al tráfico de migrantes.

En el 2008, con el operativo de México Seguro, en el puerto de Veracruz se registraron hechos violentos que llevó a Francisco Mora Domínguez a aclarar que existía una coordinación permanente entre corporaciones federales y estatales.

Al respecto, en ese año, el columnista Raymundo Jiménez, para Imagen del Golfo, hizo un recuento de cómo la fuerza del crimen organizado había obligado a la renuncia y desaparición de jefes policiacos.

“En Veracruz, por ejemplo, obligaron a Mario Enrique Escobar a dimitir a la coordinación de la Policía Intermunicipal de Boca del Río y a huir de plano hacia España (...) Otro caso fue el de José Gabriel Pérez Gutiérrez, quien le pidió al gobernador Herrera que lo removiera de la Dirección de la Policía Ministerial, de la cual pasó a la Subprocuraduría… pero Fiscal, dependiente de la Secretaría de Finanzas y Planeación. 

Marco Antonio Aguilar Yunes fue otro funcionario que también, por presuntas amenazas del crimen organizado, le imploró al mandatario veracruzano que lo trasladara de la Subprocuraduría Regional del puerto de Veracruz a las oficinas centrales de la Procuraduría General de Justicia del Estado en la ciudad de Xalapa”. 

En el 2008, los habitantes de la zona de Córdoba padecieron los enfrentamientos suscitados entre agentes ministeriales del estado de Puebla por un trabajo de investigación en el municipio cordobés, que fueron atacados por grupos armados. El saldo fue de tres policías heridos y un miembro del grupo delincuencial.

Ese mismo año se documentaron más enfrentamientos en la zona de Córdoba, enfrentamiento con armas, con escenas de automóvil abandonado, con placas del Estado de Puebla, impresiones de disparos; en otros, un tráiler abandonado cargado de mercancía con aparatos electrónicos.  

En el gobierno de Javier Duarte, lo que se registraba mayormente eran enfrentamientos entre la policía estatal y delincuentes, en los boletines de prensa era común leer, “derivado del trabajo de inteligencia, fue detectada la presencia de personas armadas”. 

En el 2011, el enfrentamiento entre un grupo de presuntos delincuentes y fuerzas armadas, obligó a padres de familia del municipio de Tierra Blanca a acudir a dos centros escolares para sacar a sus hijos ante el riesgo de la balacera.

Con el nuevo gobierno de Veracruz, en diciembre de 2016, en el municipio de Jesús Carranza, se dio una persecución de elementos de la Marina a una caravana de camionetas con un grupo de sicarios armados. En un primer enfrentamiento cayeron unos delincuentes, pero la posterior cacería de los sobrevivientes, en la que participaron policías estatales, municipales y efectivos de la Marina, dio como resultado 14 muertos. Las razones de la accion según la versión oficial: el decomiso de 58 paquetes de cocaína.

Esa acción y otras más, tuvieron como respuesta la desaparición de elementos de la Marina Armada en el puerto de Veracruz y la tortura y decapitación de tres policías en el municipio de Las Choapas, precisamente en los límites de los estados de Veracruz, Tabasco y Chiapas.

Ejecutados, cargamentos encontrados o decomisados, enfrentamientos entre corporaciones estatales y grupos armados, al que se suma ahora los ataques a organismos federales, sólo tienen un indicador: la inclemente fuerza del crimen organizado, aderezado por cuentas pendientes por quienes se presume en el pasado inmediato les brindaban protección y respeto.

Muchos tienen la esperanza de que la presencia de la Gendarmería y el trabajo del Grupo de Coordinación Veracruz que opera actualmente en el estado, por solicitud del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, realice su labor de manera eficaz, efectiva y comprometida para dar resultados a la sociedad veracruzana.

Que no se quede en un mensaje de respaldo de la Federación y de coordinación entre las fuerzas del orden, sólo para crear una percepción de seguridad.

De esos mensajes, ya se tuvieron bastantes durante 12 años, con Fidel Herrera y Javier Duarte. (@moralesrobert) ([email protected])