​El lunes, el encargado de despacho de la Fiscalía General, Alejandro Gertz Manero, informó que se tienen abiertas 1,700 carpetas de investigación por robo de combustible y que se han asegurado 4.5 millones de barriles.

Dijo que 1,000 agentes de investigación que estaban adscritos a labores de custodia de funcionarios se incorporarán a las indagatorias de estas carpetas.

Ese mismo día, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto, dio a conocer que congelaron 15 cuentas bancarias de personas relacionadas con lavado de dinero de la venta de gasolina robada, aunque adelantó que había 24 personas involucradas, entre empresarios, políticos y exfuncionarios de Pemex.

Reveló que entre los implicados están además de empresarios, un exdiputado local, un exalcalde y 3 funcionarios de la paraestatal. Ayer El Financiero publicó que la banca recibió una primera lista de personas físicas y de empresas para que les bloqueen cuentas si las tienen con ellos, ya que se encuentran bajo investigación de Inteligencia Financiera por estar relacionadas con el combate al huachicoleo.

De acuerdo a Santiago Nieto, todos ellos contaban con permisos para la operación de gasolineras, las cuales reportaron mayores montos de ventas que los de compra de combustible a Pemex, por lo que se presume que vendían huachicol, o sea, compraban poco a la empresa pero vendían mucho. Pensaron que nunca los iban a descubrir.

Entre los nombres que saltaron ayer estuvo el del empresario veracruzano, de Amatlán de los Reyes, con empresas en Córdoba, Reynaldo Bernardo Mánica, a quien la Semar ya detuvo alguna vez y lo han involucrado en actividades ilícitas.

Desde antes del lunes, a partir de que el presidente López Obrador inició la guerra contra los huachicoleros y el huachicoleo empezó a correr la versión de que había varios dueños de gasolineras del Estado temerosos, presumiblemente porque estarían participando o habrían participado en la práctica ilegal y podrían figurar en una de las 1,700 carpetas de investigación. ¿Los hay? ¿Cuántos son y quiénes? En Veracruz varios políticos poseen al menos una concesión. ¿Están limpios?

Si el número de veracruzanos involucrados aumenta conforme se den a conocer más detalles, en realidad no será ninguna sorpresa.

Traigo a cuenta ahora un sucedido de por qué podría haberlos.

La explosión de Coatepec

Todo sucedió la noche del 30 de mayo de 2002 y si bien ocurrió a la entrada a Coatepec no dejó de causar alarma en Xalapa.

El choque de dos pipas, que alcanzó a una tercera y a un depósito clandestino de combustible, causó una estruendosa explosión que hizo temblar a los coatepecanos. Otra versión dijo que en realidad habían participado solo dos pipas.

La investigación de las autoridades de entonces estableció que las unidades cargadas con diésel colisionaron mientras sus conductores maniobraban para descargar el producto en ese sitio.

Había una tercera que esperaba y que también explotó, el fuego alcanzó el depósito clandestino y aquello se convirtió en un verdadero infierno al grado de que hubo que evacuar a 150 familias.

Como consecuencia, los conductores y el propietario de las instalaciones, un empresario ampliamente conocido en Coatepec y en Xalapa, Rafael Martínez Guiot, resultaron con lesiones graves que les causaron la muerte a los dos días.

El empresario había tenido abierta una gasolinera frente a la rotonda de la entrada de la ciudad pero hacía siete años que la había cerrado.

Las autoridades ofrecieron que se iba a investigar la procedencia de las pipas y del combustible, pero nunca se supo más.

He rememorado lo sucedido porque ocurrió hace 17 años, para significar que desde entonces la práctica del huachicoleo ya era de uso común en Veracruz, incluso a solo 8 kilómetros de la capital del Estado.

Entonces el robo de gasolina era en grande y prácticamente en las narices de las propias autoridades, por aquellas fechas de filiación priista.

Era imposible que la policía municipal, que la policía estatal, no vieran o no supieran de la descarga del combustible en forma clandestina y además prácticamente a la vista de todos pues aquel hecho ocurrió entre 8 y 9 de la noche pero no más tarde, hasta donde alcanzo a recordar.

La muerte del propietario sirvió para tender un velo sobre la investigación, pero sin duda el huachicoleo ya era “viejo” si se toma en cuenta que los despósitos tenían 7 años sin recibir ni surtir combustible comprado legalmente. Estaríamos considerando entonces no 17 sino 24 años de la práctica ilícita como mínimo.

Por aquella fecha no se pinchaban ductos ni había delincuencia organizada tan organizada como hoy y sus objetivos eran otros, por lo que, indudablemente, la gasolina la robaban en complicidad con las propias autoridades de Pemex y el sindicato de Carlos Romero Deschamps.

El robo, pues, institucionalizado, si es que cabe el término, es una práctica muy arraigada y de ahí que se entienda que la guerra que emprendió el presidente López Obrador para tratar de acabar con esa sí verdadera mafia no le será nada fácil.

Con el doble ingrediente de que se enfrenta a los delincuentes de cuello blanco y a los delincuentes de cuello manchado de sangre, los de adentro y los de afuera.

El hecho que narro sirve para confirmar que tiene razón cuando acusa a los presidentes Fox, Calderón y Peña Nieto de que sabían pero nunca hicieron nada, pues aquella explosión de Coatepec ocurrió cuando Fox llevaba ya dos años en la presidencia.

Sigue en suspenso lo del fiscal

Escuché ayer una voz que conoce bien el tema del fiscal Jorge Winckler. Me dijo que si se procede conforme a Derecho, en forma estricta, su salida no procedería.

Pero no desestimó el componente político y la fuerza que tiene Morena, y entonces dudó, e incluso piensa que lo mejor sería una negociación para que se vaya.

La batalla continuará hoy y las dos partes seguirán abonando a su causa. Urge que de una vez por todas se defina; mientras, la procuración de justicia se retrasa.