Ha pasado una semana y un día y hasta anoche nadie había desmentido la información, nadie la había tratado de aclarar, nadie había dicho que no es cierta.

El pasado martes 23 de agosto, La Jornada Veracruz –también La Jornada en la edición que circula en todo el país– informó, en nota firmada por el reportero Jair García, que de los 10 mil 116 tractores que supuestamente se entregaron durante la administración anterior, los informes oficiales de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca (Sedarpa) establecen que únicamente se dieron mil 878.

En rigor, este señalamiento no es nuevo, ya se había mencionado con anterioridad, pero la información cobra esta vez una significación especial porque la confirmación del engaño –si es que no se desmiente con pruebas– proviene esta vez de adentro mismo del Gobierno del Estado, en especial de la dependencia responsable del área.

De acuerdo a la información, los documentos que dan sustento a la nota le fueron entregados al reportero por la Unidad de Transparencia de la Sedarpa, algo insólito porque, que se tenga noticia, nunca antes había ocurrido algo similar en tratándose de una dependencia oficial y cuando lo habitual es tratar de ocultar las anomalías, para lo cual se deniega información gracias a las lagunas que tiene la ley hecha a propósito para tales casos.

En la nota informativa se recuerda que el 15 de noviembre del año pasado el entonces gobernador Fidel Herrera Beltrán anunció públicamente en Rodríguez Clara que había superado la meta de su administración de entregar 10 mil tractores, pues ese día hacía la entrega del número 10 mil 116, “sin embargo, oficialmente, la Sedarpa no reconoce tal cantidad y se limita a sólo mil 878”.

Se precisa: “A través de una solicitud de información realizada a la Sedarpa, se le pidió que entregara la lista de los beneficiarios con un tractor, donde se incluyera el nombre, municipio en el que vive y organización agrícola o social a la que pertenece”.

Insólitamente no sólo se le respondió favorablemente al periódico sino que se le precisó el número total y de paso también se le dio la lista de los beneficiados no sólo con un tractor sino con dos o más, lista en la que aparecen empresarios millonarios a los que no tenía por qué habérseles favorecido.

Informó La Jornada Veracruz que de los datos que se le proporcionó, en cerca de 200 no aparece el lugar del municipio o comunidad en la cual radican los beneficiados y que sólo en contados casos se precisó la organización agrícola de la que es miembro el empadronado.

Entre los beneficiarios, de acuerdo a la nota informativa, se encuentran dirigentes campesinos, empresarios, líderes de organizaciones afiliadas al PRI, además de que se detectan otras irregularidades como la entrega de tractores a personas de municipios con poca o nula vocación agrícola, citándose el caso concreto de que, ¡váyase usted para atrás!: “A pesar de ser miembros de una de las familias más ricas del estado y vivir en un municipio con nula o poca vocación agrícola, como es Boca del Río, los empresarios Juan Felipe Ruiz Ortiz y Manuel Gerardo Ruiz Ortiz también recibieron un tractor cada uno”.

Otro hecho indignante: “Valiéndose de las relaciones familiares con quienes estaban en el aparato gubernamental, político o legislativo, entre quienes lograron tractores para sus familiares está el caso del dirigente del sindicato de Tamsa, Pascual Lagunes, quien logró un tractor para varios de sus hijos y sobrinos, entre los que se encuentran Antelmo Lagunes, Antonino Lagunes y Víctor Hugo Lagunes”.

“El entonces diputado local independiente Renato Tronco Gómez, además de obtener siete tractores para su rancho, también consiguió uno más para su hermano Alejandro Tronco Gómez”.

“Gustavo Arroniz Zamudio, quien fuera dos veces presidente municipal de Cosamaloapan (hasta hace unos días fue director general de la Comisión Veracruzana de Comercialización Agropecuaria, COVECA), también se encuentra dentro de la lista de beneficiarios; del mismo modo Gustavo Casas Cortés, hermano del empresario Valentín Casas Cortés”.

“Otros empresarios que igualmente se vieron beneficiados fueron Miguel Turrent Cano y Alberto de la Cruz Turrent Cano, de los municipios de Catemaco y San Andrés Tuxtla respectivamente”, pero también: “El dirigente de la Unión General Obrero Campesina y Popular, Luis Gómez Garay, recibió cuatro tractores y el empresario citrícola Arturo Castagne Couturier recibió para su empresa Tropicarne dos unidades”.

De escándalo. Reprobable. Indignante por tratarse de recursos públicos para beneficiar a unos cuantos privilegiados, los que debieran devolverlos o bien que el gobierno se los decomise para ser entregados a ejidatarios o a grupos de campesinos que verdaderamente los necesitan y que no tienen recursos para adquirirlos. 

Para nadie es un secreto que el actual titular de la Sedarpa, José Tomás Carrillo Sánchez (al parecer está a punto de volver a su escaño en la Cámara de Diputados; el lunes se daba por segura su renuncia), escaló posiciones políticas y administrativas protegido por el anterior gobernador, por lo que una pregunta obligada es: ¿decidió irse por la libre y soltar la información para demostrar a su actual jefe que su lealtad está ahora con la prosperidad y no con la fidelidad? o ¿le ordenaron que la diera a conocer para ver qué hacía?
Lo más probable es que esa información no se soltó si no fue con el visto bueno de Palacio de Gobierno.

 

Normalmente, cuando hay una solicitud como la que dio pie a este caso, se consulta con las diversas instancias involucradas en la transparencia hasta llegar “mero arriba” en donde, sin duda, estaban informados del engaño y por eso dieron el visto bueno para sacar la verdad a la luz pública aprovechando la oportunidad que ofrecía la petición de un diario que además tiene presencia nacional.

¿Un mensaje más para el ex titular del Ejecutivo del estado? ¿Se busca restarle fuerza para cerrarle el paso a su aspiración de ser senador por Veracruz? ¿Se anticipa el Gobierno estatal a la campaña que ante las elecciones presidenciales va a desatar el PAN en el estado contra el PRI y sus gobiernos acusándolos de corrupción y mal uso de los recursos públicos?   

El hecho de que desde adentro mismo del gobierno de la entidad se decidiera dar información oficial para desmentir una cifra alegre de la administración anterior puede tomarse como un paso positivo para fortalecer la transparencia gubernamental. Lo deseable ahora sería que se informara si aparte de no ser cierta la cifra que se manejó resulta alguna responsabilidad que amerite una sanción legal.

Cabe la posibilidad, por qué no, de que pudiera tratarse de fuego amigo contra el ex gobernador, ante lo cual estaría en su derecho de aclarar, de defenderse, de desmentir. En su momento, yo fui uno de los que le creí. Ya veía a Veracruz convertido en el granero de la nación. Pongo ahora a su disposición este espacio para que replique si es que tiene algo que replicar.