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Arturo Reyes Isidoro

Prosa Aprisa

Unidad, reconciliación, todavía es tiempo

05/09/2011 09:16 p.m.
Con el nombre de “Zetania” bautiza el director editorial de Excelsior, Pascal Beltrán del Río, un territorio que, comentó ayer en su columna dominical “Bitácora del Director”, ha sido ocupado ya por el ejército del crimen organizado y que las autoridades formalmente constituidas han perdido.
 
Ese territorio, afirma, comienza en la presa de La Amistad, en el Río Bravo, y se extiende hasta la laguna de Tamiahua. “Esta zona, comprendida por los estados de Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí y grandes porciones de Coahuila, Zacatecas y Veracruz, comienza a escapar al control del Estado Mexicano”.

La percepción de Pascal –un gran reportero también, como dejó testimonio en la revista Proceso durante muchos años– no es novedosa aunque sí digna de tomar en cuenta por su seriedad como periodista investigador y, más aún, ahora por su privilegiada posición que, sin duda, le permite el acceso a fuentes testimoniales, documentos, indicios, que avalan su trabajo.

En el crimen organizado el Estado mexicano y, en el caso particular, el estado de Veracruz, su gobierno, tienen al gran enemigo desde hace ya un buen rato por encima de problemas tan graves y urgentes de resolver como la pobreza, la marginación, la falta de oportunidades, la discriminación, la falta de empleos y, en el momento actual, la crisis económica.

Por eso creo, como lo dije al aire al anochecer del viernes pasado en el panel radiofónico organizado por el periodista Edgar Hernández dentro de su nuevo noticiario del grupo Avanradio, que ante enemigo tan peligroso como poderoso lo que se necesita es unidad, unidad del gobierno con los ciudadanos y unidad de los ciudadanos en torno al gobierno, y en ese sentido no estuve –no estoy– de acuerdo con la detención de María de Jesús “Maruchi” Bravo Pagola y de Gilberto Martínez Vera acusados de ser probables responsables en la comisión de los delitos de terrorismo equiparado y de sabotaje, porque esas medidas nos dividen y polarizan a la sociedad, como está ocurriendo.

Aun cuando la información se ha ventilado con mucha reticencia en casi la totalidad de los medios impresos de la entidad, el asunto ha trascendido más allá del estado incluso del país, pues se ha comentado –en su gran mayoría a favor de los detenidos– no sólo en periódicos y noticiarios de radio y televisión por parte de influyentes periodistas y comentaristas sino entre los usuarios de las redes sociales de todo el mundo, e incluso ha motivado la reprobación de organismos de tal peso como la propia Amnistía Internacional además de que ha generado ya protestas físicas de personas solidarias con los twitteros.

Considero que Maruchi –a la que deseo en especial que no vea deteriorada su salud–  y Martínez Vera sí cayeron en un grave caso de irresponsabilidad, de exageración y que no midieron las consecuencias de la difusión de mensajes alarmantes e infundados, pero no creo que encajen en el calificativo de terroristas. Dios no lo permita –como lo dije en la radio– que de veras haya terrorismo en el estado.
 
Terrorismo fue el de las Torres Gemelas, atentado que el próximo sábado cumple diez años. Afirmar y aceptar que hay terrorismo en Veracruz es tanto como admitir que el gobierno ha perdido el control de la seguridad, que no lo creo.

José “Pepe” Cárdenas, en su columna del viernes que publica en el diario Excelsior, escribió algo que, me parece, encaja en el caso que nos ocupa. Con el encabezado: “No fue terrorismo, señor Presidente”, comentó: «Baltasar Garzón es un juez sin fronteras; un hombre inagotable. Tiene escrúpulos de acero y el corazón en la garganta. Trata con pinzas el tema de la violencia nacional.
 
El magistrado intenta ser amable, pero es juez, no diplomático. No titubea en corregir al presidente Felipe Calderón por calificar de “terrorismo” el ataque al Casino Royale. “Para ser un acto terrorista, tiene que haber un objetivo político e ideológico. En este caso no concurren, el caso no se ajusta a las normas internacionales que definen las conductas terroristas»”.

¿Cómo hubiera resuelto este caso el gobernador Fernando Gutiérrez Barrios?, me pregunté, pregunté al aire durante el panel, y lo cité por la fama o la mala fama que tuvo de hombre duro, represor, al que los movimientos sociales de los años 60, 70, 80 del siglo pasado acusaron de los peores crímenes. Colaboré con don Fernando en su gobierno y conocí su manera de actuar.
 
Su también fama de hombre caballeroso, atento, respetuoso, ajustaba bien a como se comportaba en la vida real. A su paso por Veracruz supe, vi, testimonié como, con la mayor de las reservas, apoyaba a todos  los disidentes que habían llegado en su calidad de exiliados al país  perseguidos por las dictaduras, por los gobiernos represores, enemigos de la libertad, de América del Sur, y también como resolvía los problemas en la entidad: con diálogo.
 
Él hubiera tomado el teléfono, hubiera hablado con los señalados, los hubiera invitado a dialogar con él en su despacho y ya ahí les hubiera pedido, de la forma más respetuosa, su ayuda, su colaboración para evitar casos como el que se dio. Los hubiera terminado convirtiendo en sus aliados, y aprovechando su febrilidad por el twitter los hubiera utilizado para difundir los mensajes que “a Veracruz” (les hubiera dicho) le hubieran convenido.

El problema de los twitteros está vivo, latente y no parece disminuir. El sábado, aunque indirectamente, el Gobierno Federal entró al tema. En el portal del diario Reforma, fechada la nota en Mérida, se publicó: “Manuel Gómez Morín Martínez del Río, director general de Cultura Democrática y Fomento Cívico de la Secretaría de Gobernación (Segob), consideró que el Gobierno de Veracruz tuvo una reacción desmesurada en el caso de los dos cibernautas acusados de incurrir en delitos de terrorismo y sabotaje”.
 
Tras justificar su limitación para intervenir en el caso, expresó: “Estimó que los implicados, quienes recibieron formal prisión el pasado miércoles por difundir mensajes en las redes sociales sobre la inseguridad en las escuelas de ese Estado, como la propia autoridad local, incurrieron en excesos. Yo creo que ahí hubo excesos de los dos lados.
 
¿Hay libertad de expresión? Sí, pero toda libertad la tienes que ejercer con responsabilidad, no la puedes ejercer así sin pensar que lo que haces va a tener consecuencias. Pero sí yo creo que hubo una reacción desmesurada también por parte de las autoridades. Si bien hubo alarma y generaron una inquietud en la población, yo creo que no amerita un trato de este tipo".

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